Humberto Prado, director del OVP, destacó en el programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, que en el 2022 murieron alrededor de 76 personas bajo el resguardo del Estado, de los cuales un 68 % fue por falta de alimentación.

“Les da tuberculosis, paros cardíacos y entonces simplemente lo reflejan como un deceso natural y es por una situación que está presentando la mayoría de la población reclusa”, comentó. “Por eso el título del informe es ‘El hambre es el sinónimo de las muertes en las cárceles’”.

Resaltó que se siguen manteniendo desde el 2016 las ocho medidas provisionales que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde se le advierte al Estado que no puede morir un interno más, pero que hasta el momento persiste su incumplimiento.  

Educación para reintegrarse

Otro de los problemas es la escasez de personal, ya que según Prado existe un estándar que indica que por cada interno debe haber un funcionario de seguridad, a fin de resguardar la integridad física. Además, debe garantizárseles cultura, deporte, educación y trabajo, porque esto contribuye a su reinserción.

“Si entra una persona a la cárcel que no tiene ninguna profesión, mientras están recluidos deberían tener la oportunidad de estudiar y trabajar, para que cuando salgan tengan una herramienta para desarrollarse tranquilamente en sociedad”, contó.

El director del OVP hizo hincapié en que las reformas del Código Orgánico Procesal Penal atentan contra la progresividad y el derecho que tienen los reclusos, incluso en medidas alternativas como el destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional.

Toda esta problemática, especialmente la falta de alimentación y de medicinas para tratar a quienes padecen patologías como el VIH o la tuberculosis, ha traído consigo diversos suicidios, reveló Prado, quien lamentó que se esté presentando complicidad entre las autoridades y el pranato al dejar que dichos sucesos ocurran.

Extorsión y corrupción  

“Las extorsiones, las llamadas que hacen desde adentro de la cárcel y las causas que se denominan ‘coimas’, que ponen a los familiares a pagar, porque de lo contrario la vida del interno corre peligro de que le quiten la vida o los hieran en las muñecas o tobillos”, dijo.

Detalló que esto se da en unos nueve establecimientos a nivel nacional, que tienen el 60 % de toda la población reclusa a nivel nacional y que eso es controlado por el pranato.  

Igualmente se preguntó cómo entran las armas y la droga a las cárceles. “Si no pueden detener a una persona que tienen entre cuatro paredes, que ya saben de dónde proviene la llamada de extorsión, cómo pueden prevenir el delito en la calle. También es vozpópuli todas esas situaciones que se dan con las discotecas internas, piscinas, apuestas de caballos y gallos”.

Explicó que desde el OVP identifican que hay dos tipos de corrupción, la que impone el pranato internamente y la del pranato con las autoridades tanto con la Guardia Nacional, como con el servicio penitenciario, que ellos llaman “corrupción interinstitucional”.

Prado, a su vez, informó que presentarán un “Plan nacional penitenciario” para la sociedad, con las experiencias que han visto en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, que sirva de referencia para aplicar en Venezuela algunas de las buenas prácticas que hay en sus establecimientos penales.

Instó a la nueva ministra Celsa Bautista a buscar a las personas que sepan sobre temas penitenciarios en lugar de militantes políticos, porque no se puede experimentar con vidas humanas, ya que traería como consecuencia la muerte. 

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En esa lista está la profesora y directora del programa Escuela de Fe y Alegría, Noelbis Aguilar, quien, en el marco de la celebración por el Día de la Mujer, fue reconocida entre las 100 mujeres ejemplares venezolanas en el evento “Las 100 protagonistas” en su segunda edición.

Este evento tuvo lugar en la Concha Acústica de Bello Monte y lo impulsó la Alcaldía de Baruta, la Embajada del Reino de los Países Bajos, Impact Hub y la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. 

Aguilar expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que el reconocimiento la llena de orgullo y agradecimiento a Dios, porque ella no es más que un instrumento de él para hacer posible su proyecto en la tierra. “Tú eres un medio para lograr construir un reino de justicia, paz y solidaridad”, dijo.

Destacó que en el área en la que se desenvuelve, que es la de educación y promoción social, trabaja junto a muchas mujeres que están consagradas y que se sienten felices con lo que hacen. Por lo tanto, el reconocimiento las impulsa a desempeñarse mejor cada día.

Recuperar la educación y empoderar a niñas y mujeres

Añadió que su meta es continuar llevando adelante el proyecto Escuela que contribuye a brindar oportunidades a niños, niñas y adolescentes para que desarrollen todas sus potencialidades y sean seres humanos de calidad, con compromiso social desde el área en donde se desenvuelvan, ya sea profesional, personal o familiar. 

“Mi mayor sueño, conjuntamente con Fe y Alegría, es que podamos recuperar la educación de este país para seguir llevando esa buena noticia a tantos niños, niñas y adolescentes. Sobre todo trabajar por el empoderamiento de las niñas y las mujeres a fin de que podamos tener un mundo mucho más inclusivo y de mayores oportunidades para todos”, subrayó.  

Espera que el proyecto educativo se expanda aún más y que se asuma como una referencia para la reconstrucción educativa en Venezuela, apoyándose en organizaciones dedicadas al empoderamiento de las mujeres, estableciendo relaciones positivas con líderes comunitarios, locales y regionales. 

Resaltó que esa alianza, junto con una comunicación asertiva y honesta hacia las personas que prestan el apoyo, así como mostrar una actitud positiva ante la vida, son las claves fundamentales para alcanzar los objetivos.

“Por eso trabajo con mucho cariño y compromiso”, apuntó la directora del programa Escuela de Fe y Alegría

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En algunos ejemplos, encuestados en Caracas han dejado saber que un mesonero gana en promedio entre 150 a 200 dólares; un vigilante en un local nocturno gana 250 dólares, un cajero de 120 a 180 dólares y un delivery entre 15 a 20 dólares por día.

Evidentemente, estos sueldos pueden variar dependiendo de la región venezolana.

Mientras tanto, el salario mínimo y las pensiones se ubican en 130 bolívares (en torno a los 5 dólares). Un maestro gana alrededor de 20 dólares mensuales, según Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Por su parte, los profesionales de la salud devengan sueldos que rondan los 15 o 16 dólares al mes, indicó Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. 

El tema de los salarios en Venezuela sigue dando de qué hablar. El 2023 inició con protestas por parte de los trabajadores del sector público y los pensionados, quienes exigen salarios y pensiones justas, que les permitan cubrir sus necesidades básicas en medio de una inflación que, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), se situó en enero en 39,4 %. 

El OVF apuntó que el salario promedio del sector privado, referido al comercio y servicios en el área metropolitana de Caracas, en diciembre de 2022 era de 139 dólares mensuales, reflejando que la brecha entre la remuneración promedio del sector privado respecto al público alcanzó casi el 200 %.

¿A qué se debe la desigualdad salarial?

Omar Zambrano, economista, jefe de Think Anova y docente de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que es a causa de que el Estado es el patrono de aproximadamente 2 millones 200 mil empleados y, además, tiene la carga de unos 4 o 5 millones de pensionados. 

“En estos momentos el Estado venezolano es financieramente insolvente porque se quedó sin ingresos legítimos o tiene pocos ingresos dado al tamaño de sus gastos. El sector petrolero está disminuido a su mínima expresión, no están cobrando impuestos porque el IVA y el Impuesto sobre la Renta son pagados en bolívares, que es una moneda que perdió todo su valor, y no tiene acceso a préstamos internacionales”, comenta en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

Una solución de carácter político

El incremento de la desigualdad salarial se agudizó desde 2018, cuando repuntó la hiperinflación y el Gobierno mantuvo una política de contención salarial para disminuir los gastos de su sector y seguirá aumentando porque el salario del sector público está atado en gran medida al salario mínimo, sostiene el economista y profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas (UNIMET), Hermes Pérez. 

Pérez dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que los desafíos para acortar la brecha salarial son más políticos que económicos, puesto que en el 2022 el Gobierno percibió, al menos, 18 millones de dólares por la renta petrolera: un 200 % más respecto al 2020. 

Por ello, no se justifica que el sueldo mínimo sea el más bajo de Latinoamérica, considerando los 33 países que conforman la región, cuando en naciones con economías sumamente débiles como la de Haití, Cuba o Nicaragua los sueldos son entre 100 a 125 dólares, subraya el docente de la UNIMET. 

“Va a ser imposible que los salarios públicos mejoren si el Estado no logra sanear sus finanzas públicas; es decir, recibir financiamiento, atender el tema petrolero o dolarizar completamente y cobrar los impuestos en dólares. Se requiere un plan integral con apoyo internacional”, comenta el jefe de Think Anova, Omar Zambrano. 

Por su parte, Pérez resaltó que el incremento de los sueldos y salarios no debe verse solo como un aumento del gasto público, sino que tiene repercusiones positivas en la inversión y en que el Gobierno obtendrá más ganancias por impuestos en los distintos sectores, cuando aumente la demanda y por ende la inversión. 

Sobre la petición de los empleados públicos de dolarizar los sueldos, ambos economistas coinciden en que no lo ven factible. Pérez aseveró que se necesita tener piezas del cono monetario estadounidense y eso amerita el permiso del Sistema de la Reserva Federal, de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros para importarlos y de las aduanas, que en virtud de las relaciones inexistentes entre Venezuela y Estados Unidos, es prácticamente imposible. Por lo tanto, la solución sería contener la inflación. 

“Si en el futuro se logra recuperar el sector petrolero, bien sea con el alivio de las sanciones o con inversiones petroleras y se empieza a producir más, se relajaría la restricción financiera sobre el Estado y quizás podrían pagar un poco más”, declara Zambrano. 

Por otro lado, la abogada Maryolga Girán piensa que habría que establecer una mesa de diálogo, implementar políticas públicas que incentiven a la inversión y a la productividad, porque un aumento salarial que no esté sujeto a este último factor es inflacionario. 

Asimismo, según ella, se debe proteger y favorecer a las empresas nacionales sobre las extranjeras. 

La brecha también es de género

Las cifras evidencian que la brecha salarial por género existe en el país desde hace años, pese a que la igualdad de remuneración por género es un derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919. 

Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveló que la diferencia en las remuneraciones laborales entre las mujeres y los hombres en Venezuela es de 21,79 %. 

Considerando que muchos de los hogares venezolanos son dirigidos por mujeres, la mayor incidencia de pobreza en este grupo implica “mayores riesgos de vulnerabilidad en general”, expone el informe del BID. 

Para Susana Reina, directora de la ONG FeminismoINC, esto es un tema en el que tanto el Gobierno como las empresas privadas deben tomar acción inmediata. El Gobierno legislando y las empresas privadas llevando sus estadísticas desagregadas por sexo e introduciendo correctivos que permitan reducir lo más pronto posible esta brecha, ya que desde las ONG es muy poco lo que se puede hacer más allá de denunciarlo, difundir el mensaje junto a la sociedad civil y medirlo. 

Enfatizó que la igualdad de remuneración por género es un principio de justicia básico y de reivindicación social, para que no se perpetúe el ciclo de la explotación laboral, ya que a lo largo de la historia las mujeres se han considerado ciudadanas de segunda. 

“Empezando porque el trabajo doméstico no es remunerado, ni siquiera reconocido como trabajo, como si eso no aportara al producto interno bruto o ese sostenimiento del hogar no fuera parte de la economía”, comenta Reina en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias. 

No obstante, agregó que las mismas mujeres ven muy difícil que las empleen por el mito de que la maternidad obstruye su productividad, entonces se esfuerzan más y se conforman con los que les paguen, porque las pocas que reclaman son tachadas de “conflictivas, hormonales o histéricas”. 

Añadió que, si las empresas y organismos públicos aprovechan el talento de todos y todas por igual, se eliminaría la pérdida del talento femenino porque para muchas se les es más rentable quedarse en sus casas a seguir sosteniendo una carga laboral remunerada a medias, más la carga doméstica no remunerada. 

Reina puntualiza que el hecho de que en el país no hay obligatoriedad de entrega de cifras salariales, hace que la desigualdad se presente más en el sector privado, donde también influyen en mayor medida los estereotipos, sesgos de género y el considerar a las mujeres menos importantes que los hombres. 

Asegura que esa violencia económica produce una sensación de subestimación, desvalorización, inutilidad e impotencia que impacta en su desempeño laboral. 

Reina también manifiesta que las áreas profesionales con mejores remuneraciones y las posiciones de más alto nivel son precisamente las que están ocupadas mayoritariamente por hombres como tecnología, finanzas, petróleo y energía; mientras que en el sector de la salud y la asistencia social las mujeres reciben sueldos muy bajos. 

Violación a los derechos

El problema no radica únicamente en la escasa cantidad de dinero que perciben los trabajadores, sino también en la serie de violaciones a sus derechos laborales que incluyen: el incumplimiento a los acuerdos de las convenciones colectivas vigentes y el recorte a los montos de sus bonificaciones a través del Instructivo ONAPRE; retrasos en la cancelación de sus salarios y bonos; despidos injustificados; amenazas y represalias por manifestar sus incomodidades y la eliminación de seguros de salud y funerarios.

Aparte de estos casos ampliamente conocidos y expuestos, otros fenómenos de los cuales se habla menos se están presentando en el país. 

Hace unos meses “Ana”, a quien llamaremos así porque prefirió dar su testimonio anónimamente, recibió una oferta de trabajo en donde le advirtieron que “debía estar a prueba un mes (no remunerado), no existían los días feriados, no había ningún tipo de beneficios aparte del salario, se trabajaba de lunes a sábado y no se firmaría contrato por tratarse de un préstamo de servicios, ya que era un trabajo remoto”. 

Ana rechazó trabajar por todo un mes gratis y, aunque su empleador dijo que era un aspecto que se podía negociar si estaba de acuerdo con el resto de las condiciones, no la volvió a contactar para continuar con el proceso de selección.  

Asimismo, a través de Twitter se exponen denuncias de explotación laboral en comercios y se escuchan experiencias de personas que son despedidas de sus puestos de trabajo injustificadamente alegando “recorte de personal” y se les exige firmar una carta de renuncia.  

“Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, no importa que él diga que está bien que no le paguen vacaciones, prestaciones, ni nada. De todas maneras, siempre va a tener la protección de las leyes que presumen la relación laboral y entre quien presta un servicio y quien lo contrata. En cualquier momento puede pedir la reivindicación que le corresponda”, recalca la abogada especialista en derecho laboral, Maryolga Girán, en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

Ahora bien, en cuanto al teletrabajo no existen normas vigentes en el país porque se entró al mismo de forma abrupta durante la pandemia por Covid- 19, por lo que debe haber un convenio entre ambas partes y establecer condiciones, expone la experta en derecho.

Un aspecto resaltante es la probanza de que se está trabajando para una empresa o persona de forma remota. Para esto, la abogada recomienda guardar correos electrónicos y mensajes, procurando que se le den respuestas concretas sobre los aspectos que denunciará. Otra prueba son los depósitos bancarios de forma regular por un mismo monto. 

Girán insiste en que el trabajo esclavo es muy difícil que llegue a concretarse porque siempre el trabajador tendrá herramientas protegidas por la ley y las inspectorías de trabajo, pero si sucede debe denunciarse a la empresa porque es violatorio de normas legales, constitucionales y de derechos humanos. 

Sobre los despidos injustificados indica que si es un contrato de período de prueba el empleado puede ser despedido durante los 30 días de prueba, si es un contrato por un tiempo específico se debe revisar para qué fue contratado porque estos están prohibidos en Venezuela, a menos que esté supliendo una falta temporal de algún trabajador.  

Si es un contrato para un proyecto que tenga una fecha límite y ocurre un despido antes de que transcurran los tres o seis meses fijados, puede ir a la Inspectoría del Trabajo e intentar una solicitud de reenganche y de pago de salario caído, que implica pagar todo el término de vigencia del contrato y las prestaciones sociales por los meses de servicio. 

Finalmente, sobre las amenazas y represalias contra los trabajadores que protestan, admite que están bastante desasistidos legalmente, porque las inspectorías del trabajo son ineficaces cuando las denuncias son contra el Estado, porque estas son parte del Gobierno y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no tiene poder sancionatorio, su única sanción sería expulsar a Venezuela, lo cual no favorece porque se perdería el respaldo de un organismo internacional. 

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Sin embargo, resaltó en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias que si después de las mismas no hay mecanismos de seguimiento para saber cuándo se implementaron sus recomendaciones, lamentablemente no terminan generando el impacto deseado.   

“Son visitas de muy alto perfil y son positivas porque vuelven a poner el tema de los derechos humanos en la comunidad internacional. Sabemos que el Gobierno Nacional apuesta a que se olvide que en Venezuela se vive una crisis muy profunda desde hace mucho tiempo”, expresó.

Jiménez indicó que es muy importante que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, especificara algunas de las peticiones solicitadas al Estado como lo son la liberación de presos políticos, el fin de la tortura y la necesidad de diálogo con la sociedad civil. 

Fin a la impunidad 

De acuerdo a la presidenta de WOLA, para que exista un verdadero proceso de no repetición de violaciones de derechos humanos debe ponerse fin a la impunidad, porque cuando no hay sanciones contra sus perpetradores, éstos vuelven a cometerlas y no hay reparación para las víctimas. 

“Una de las razones por las cuales Venezuela tiene una investigación abierta frente a la Corte Penal Internacional es porque el propio sistema de justicia venezolano ha sido incapaz de dar solución y sancionar a los verdaderos culpables en toda la cadena de mando y, por lo tanto, hay un círculo de repetición”, explicó Jiménez.

No obstante, lamentó que aunque Türk esperaba que el Gobierno diera pasos significativos en materia de reforma judicial y seguridad, ese lunes Nicolás Maduro se comprometió a profundizar la “revolución judicial”, la cual es, a su juicio, un modelo fallido 

Proyecto de Ley para regularizar a las ONG

Sobre el proyecto de Ley que pretende regularizar a las ONG, Carolina Jiménez lo calificó como una criminalización contra estas, que no puede ser aceptado a nivel nacional ni internacional sin que se abra un proceso transparente de consultas a la sociedad civil. 

Asimismo, comentó que el mes de enero «dio muchas luces» porque las protestas de los distintos gremios le mostraron al mundo que Venezuela sigue siendo un país en donde la ciudadanía exige sus derechos y donde el rol de los medios es primordial para difundir que el tema de derechos humanos debe ser discutido por todos. 

“Los derechos humanos son todas nuestras garantías básicas y fundamentales para tener una vida digna y debe haber desde la ciudadanía esa demanda constante de que sean respetados”, dijo.

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La funcionaria detalló que, entre los casos, está el de una estudiante de 12 años, quien fue raptada al salir de clases del liceo La Creación por un sujeto que le pidió subirse a su vehículo, pero esta se negó. Sin embargo, al apersonarse uno de los profesores, el individuo le aseguró que su madre le había pedido irla a buscar, por lo cual accedió a irse con él. Gracias a que el docente tomó fotografías del auto, la madre realizó la denuncia y lograron localizarlo en una finca vía La Guarapera hacia Ciudad Bolívar, pero el sujeto escapó. 

Asimismo, hace unos días en el sur de Anzoátegui, una denuncia comunitaria del secuestro de un niño a las afueras de un preescolar en El Tigre encendió las alarmas. El suceso ocurrió cuando una representante fue a buscar a su hijo y dos sujetos a bordo de una camioneta se le acercaron y la tomaron del brazo para inyectarle un líquido de dudosa procedencia, descompensarla y así llevarse al menor. 

También una alumna del liceo Juan Pablo Rojas Paúl fue interceptada por un individuo que manejaba una camioneta y que la atacó con una cuerda. 

Sin denuncias formales

Por su parte, el consejero principal del CPNNA en El Tigre, Claver Martínez, afirmó que no han recibido denuncias formales de intentos de secuestro en la ciudad, por lo que instó a los ciudadanos a dirigirse a los organismos correspondientes en caso de ser víctimas de este tipo de delitos, para que puedan iniciar las investigaciones pertinentes. 

Con información de Adaybelice Figueroa | Radio Fe y Alegría Noticias

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A bordo de la aeronave, un Embraer Lineage 1000, con matrícula YV3016, viajaban seis diplomáticos enviados por Nicolás Maduro para participar de la Cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) que se celebrará el 24 de enero, confirmó Infobae. 

La aeronave integra el listado de aviones que tienen sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El organismo estadounidense adoptó la decisión en febrero de 2020 contra la nave que trasladó a Evo Morales desde Buenos Aires a Caracas, tras su salida del gobierno en medio de una crisis política. 

“El régimen de Maduro comandó aviones de Conviasa para promover su propia agenda política. Incluido el traslado de funcionarios del régimen a países como Corea del Norte, Cuba e Irán”, argumentó en su momento la OFAC. 

Despegó desde Maiquetía

Infobae divulgó que el jet despegó en la mañana desde el aeropuerto de Maiquetía, hizo escala en Santa Cruz, Bolivia, y llegó a las 18.12 a Ezeiza, estando poco más de dos horas, ya que partió a las 20.34, hora local.

Al tratarse de un vuelo de carácter oficial, no procede la aplicación de sanciones ni la incautación, ya que está protegido por tratados internacionales e igualmente puede recargar combustible sin inconvenientes.

Caso del avión iraní-venezolano

La llegada de la nave sancionada por Estados Unidos este jueves es similar al episodio del avión iraní-venezolano de la empresa Emtrasur -controlada por Conviasa-, que estuvo retenido en el país entre junio y octubre del año pasado. 

Esto último porque se presumía que la tripulación del avión, conformada por 14 venezolanos y cinco iraníes, podrían estar ligados a actividades terroristas y levantaron sospechas al llegar al aeropuerto de Ezeiza el 6 de junio desde México. 

La empresa Emtrasur, que opera ese avión, es subsidiaria de Conviasa. Dos días después de su llegada al país, el avión viajó hacia Montevideo, pero le impidieron aterrizar y regresó a Buenos Aires. La situación motivó denuncias de la oposición.

Sobre Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión

El piloto del avión, el iraní Gholamreza Ghasemi, fue el miembro de la tripulación que más dudas generó. Había llegado a ser investigado por supuestos vínculos con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y la organización terrorista Hezbollah.

Incluso, se le atribuyó ser director de Fars Air Qeshm, una aerolínea iraní de la que se sospechaba que asistía a esas organizaciones. Sin embargo, la justicia no halló evidencia en su contra.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, dictó el 14 de octubre la falta de mérito; también autorizó la salida del país de los últimos cinco tripulantes -entre ellos Gholamreza Ghasemi- que permanecían retenidos. El magistrado determinó que no había pruebas firmes para procesarlos por el delito de financiar actividades terroristas ni por presunto espionaje. 

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“Mi total respaldo como venezolano, amigo y compañero de lucha Juan Guaidó, quien un día como hoy hace 4 años asumió el reto de liderar al país como Pdte. Interino, dándole vida a una AN que se desvanecía, enfrentando a la dictadura, y arriesgando su vida y su libertad por Venezuela”, manifestó López en un hilo de tuits.

Enfatizó que hace cuatro años el país estaba desmovilizado y la voz de millones de venezolanos con hambre de libertad era invisible para gran parte del mundo. «Nadie creía que la AN sería capaz de levantar la esperanza de los venezolanos ni liderar una rebelión contra la dictadura, y Guaidó lo logró». 

De acuerdo al dirigente opositor, Guaidó logró «sembrarse en el corazón de los venezolanos dentro y fuera del país”; así como el reconocimiento de decenas de naciones e iniciar la mayor ofensiva institucional que se haya dado durante los 22 años de “lucha en contra de la dictadura”. 

Añadió que supo construir y mantener la unidad por cuatro años, protegiendo miles de millones de dólares de las “garras del régimen”, visibilizó con claridad la crisis humanitaria compleja jamás antes alcanzada y le estampó a Nicolás Maduro el “título imborrable de dictador en los cinco continentes». 

Consciente de las fallas

López aceptó que la construcción de un gobierno interino donde las fracciones parlamentarias asumieron el control del poder ejecutivo fue un error, que “muchas voces” en su momento lo alertaron y que quienes acusaban a Guaidó por detrás intentaban cometer irregularidades desde el “gobierno interino”. 

Sin embargo, consideró que el mismo debilitó a Maduro, le quitó la legitimidad y logró avances políticos notables. «Nunca habíamos estado tan cerca de lograr la democracia, ni tenido las herramientas que aún tenemos para seguir dando la pelea. Hemos dado un golpe certero a la dictadura y debemos seguir adelante», destacó.

Guaidó, “la piedra en el zapato”, según López

Destacó que Guaidó es la piedra en el zapato de quienes están en el negocio de lavarle la cara a Maduro. «Los mismos que están moralmente derrotados y que piensan que en Venezuela sólo queda doblarse para no romperse. A todos ellos les aseguro: Juan Guaidó no es una figura pasajera». 

No obstante, acotó que nunca de parte de Guaidó hubo una intención distinta de hacer lo necesario para salir de Maduro, pese a que es blanco constante de ataques incesantes desde todos los frentes, nunca cayó en el terreno de la descalificación ni la guerra sucia. 

«A Guaidó no le hace falta un cargo para dar la pelea, por eso seguirá en Venezuela pese a la persecución, amenazas a su familia, al encarcelamiento y exilio de su equipo. Juan está en el corazón de millones de venezolanos, que hoy aplauden de pie su esfuerzo y su valentía», sostuvo.

Finalmente, reiteró desde Voluntad Popular su agradecimiento hacia Guaidó y el compromiso con Venezuela de seguir en el mismo camino por la libertad.

Dichos mensajes se dan horas después de que Guaidó se despidiera del cargo reprochando la eliminación del “presidente interino” y la falta de unión de la oposición después de que la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 decidieron acabar con su liderazgo.

En paralelo, este jueves la Asamblea Nacional de 2015 designó a la diputada Dinorah Figuera, del partido Primero Justicia, como nueva presidenta, quien será ahora la encargada de gestionar los activos venezolanos que han sido congelados en el exterior como parte de las sanciones internacionales. 

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“Ya fue designada la cónsul general de Colombia en Venezuela, una embajadora de carrera diplomática que asumirá el cargo antes de concluir este mes”, indicó Salazar.

Explicó que el primer consulado que se abrirá será el de San Cristóbal, posteriormente el de Maracaibo, seguidos por el de San Antonio y por último continuarán con los ubicados en la línea fronteriza hasta llegar al de San Fernando de Atabapo, en Amazonas.

“Consideramos que en tres meses ya deben estar funcionando dichos consulados”, aseguró el secretario general de la Cancillería de Colombia.

Asimismo, declaró que se siguen realizando las gestiones necesarias para normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países “que están unidos geográfica, histórica y culturalmente”.

Con información de Jorge Labrador │ Radio Fe y Alegría Noticias

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Peñaranda, en su visita al puente internacional Atanasio Girardot (antes Tienditas), del lado venezolano, resaltó que, en dado caso, las unidades de transporte venezolanas deberán renovar su flota.

“Cualquier vehículo que tenga más de dos décadas no puede trabajar en el territorio colombiano”, reseñó el portal Frontera Plus que recogió las declaraciones de Peñaranda.

Por lo cual, los buses venezolanos no podrán transitar por el puente Atanasio Girardot hasta tanto el Estado venezolano no adquiera nuevas unidades.

Otros requisitos para los buses y carros venezolanos

El director del Área Metropolitana de Cúcuta indicó que los vehículos (autobuses y carros de cinco puestos) deben ser del 2003 en adelante. A su vez, precisó que las unidades de transporte público requerirán otros requisitos. 

Entre estos, los vehículos deben estar “debidamente registrados en una empresa”, contar con la habilitación de esa compañía y con los seguros establecidos por Colombia. Peñaranda aseguró que dichas condiciones ya fueron entregadas a las empresas de transporte de Venezuela este lunes 2 de enero.

Hasta ahora, solo los taxis se han movilizado por el puente en cuanto a transporte público venezolano. 

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Los venezolanos ocupan el cuarto lugar en la lista de latinos que solicitaron asilo en México, en el primer lugar están los hondureños con 31.086 solicitudes, seguidos por los cubanos con 18.087 y los haitianos que contabilizaron 17.068. 

Asimismo, El Salvador (7.803), Guatemala (5.271), Brasil (2.592), Colombia (2.482) y República Dominicana (1.421), se ubicaron entre los 10 primeros puestos de la lista.

La institución, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) del Gobierno mexicano, subrayó que dicha cifra de solicitudes de asilo es la segunda más alta tras los 131.448 casos registrados en 2021.

“Esta es la segunda mayor cantidad de solicitantes registrada en México solo por debajo de la cifra récord del 2021. Segundo año consecutivo con más de 100.000 solicitantes”, indicó en redes sociales el titular de la Comar, Andrés Ramírez Silva.

La Comar agregó que las oficinas de migración que recibieron más solicitudes fueron la de Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, con 76.239 y la de Ciudad de México, con 17.364. 

Flujo migratorio récord 

Cabe resaltar que este balance fue publicado en medio de un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal de 2022 un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados. 

La migración aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar con el objetivo de cruzar el país para llegar a Estados Unidos. 

El gobierno de Panamá, a través de su servicio de migración, reveló que, en el 2022 unas 248.000 personas cruzaron la selva del Darién con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, muchos de ellos quedaron varados en el camino obligándolos a permanecer en México o en países de Centroamérica, de estos cerca de 150.000, eran de origen venezolano. 

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