Por esta razón desde la Federación Venezolana de Maestros (FVM), en la que se agrupan 17 organizaciones de trabajadores del sector educativo, presentaron el 21 de diciembre de 2021 ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación una propuesta de contratación colectiva con 70 cláusulas y beneficios para cada trabajador, que favorecerían a los tres sectores: docentes, administrativos y obreros.

El intento por buscar reivindicaciones no tuvo respuesta, por lo que varios grupos de trabajadores educativos iniciaron el año con manifestaciones de calle desde el pasado 9 de enero, día en el que se debieron retomar las actividades oficialmente.

Recortes y deudas contra los maestros

El profesor Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Lara, reveló que son dos años sin que se firme la contratación colectiva que venció en el 2020. «Ni la parte económica, porque el salario social no existe. El HCM, hospitalización, cirugía y maternidad para los trabajadores obreros, administrativos y docentes, desapareció; el IPASME está prácticamente abandonado”.

«Aparte, cuando pagaron el aumento del decreto presidencial a los trabajadores en marzo del 2022, nos aplanaron los sueldos y las primas fueron eliminadas en un 50%; la prima de profesionalización fue eliminada entre un 30 y 60%. La maestría, el doctorado, las especialidades, prima de antigüedad, pago por niños especiales y las primas de la económica fueron disminuidas», agregó Arroyo.

De acuerdo con el gremialista, estas disminuciones violan el artículo 89 de la Constitución, que se refiere a que la permanencia y beneficios los derechos son irrenunciables. También mencionó el artículo 91 de la Carta Magna, donde contempla la contratación colectiva, eliminada en el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

En medio de los reclamos se mantiene el silencio gubernamental, por lo que los trabajadores educativos han tomado las calles progresivamente desde octubre de 2021 hasta esta semana que inició el 9 de enero de 2023, cuando se recrudecieron.

En cuanto a la discusión del contrato colectivo, la profesora Laura Igarra, presidenta del Colegio de Licenciados en Educación del estado Lara, recordó que el pasado 21 de noviembre de 2021 «se comenzó la discusión y se ha quedado allí: solo en discusión».

«No han pedido más reuniones, no se ha llamado a la firma, ni se concreta las 70 cláusulas económicas de la convención colectiva», dijo.

Igarra aclaró que estaba previsto que se aprobaron las cláusulas generales: “Lo que es concepto colectivo, pero en cuanto a cláusulas socioeconómicas, que son la seguridad social, no las han discutido y tampoco sabemos cuándo las van a firmar”.

Ajustes de salarios pendientes

Algunas de las cláusulas que están plasmadas en la propuesta de contrato colectivo, que debió firmarse en el 2022, incluyen la cancelación de las deudas que va dejando el Estado Venezolano a los trabajadores en el contrato firmado para los años 2018-2020. Entre ellas se encuentra la deuda del 280% de ajuste salarial, acordado en la segunda convención colectiva del 2018, con incidencia y recurrencias.

Los docentes apenas reclaman este 280 por ciento de una deuda que arrastran del 2018. Este ajuste salarial quedó asentado en la cláusula 59 de la convención colectiva docente, firmada en abril de 2018 y se dejó de cumplir en octubre del mismo año.

Sobre esto, se establecían tres ajustes del sueldo básico de los docentes en el 2018: de 100% en abril, 40% en julio y 40% en octubre, pero solo se hizo efectivo hasta julio de ese año. Esta anormalidad se repitió en los años siguientes: no se realizaron los 4 ajustes de salarios.

El Colegio de Profesores de Venezuela denuncia que esta deuda del 280% no ha sido cancelada a los trabajadores, aunque han avizorado que han intentado pagarlos a través de bonos, una iniciativa que rechazan.

Al listado de deudas se suma el pago de fideicomiso a los educadores, beneficio que no se paga desde el 2000, al igual que lo correspondiente a las prestaciones sociales de jubilados y pensionados.

De acuerdo al Colegio de Profesores de Venezuela, el Ministerio de Educación no paga el Seguro Social obligatorio, por lo que aparecen los trabajadores con cero cotizaciones y, al cumplir la edad correspondiente para pensionarse, no aparecen en la página web de esta institución, por lo que no pueden tramitar este beneficio.

Beneficios chucutos

Juan José Jaramillo, presidente del Colegio de Profesores seccional Delta Amacuro, se refirió a los beneficios que han dejado de percibir tomando en cuenta la hasta ahora vigente contratación colectiva que quedaron establecidas en bolívar y la devaluación ha hecho de esos pagos unas limosnas.

Entre estas se cuentan las contribuciones que recibían en el Día de las Madres, Semana Santa, inicio de año nuevo, inicio de año nuevo escolar, por nacimiento de hijos y los uniformes. Tal es el caso de la contribución de inicio de año y contribución de uniformes, que para enero de 2023 corresponde a 12,50 bolívares digitales, un poco más que 0,50 de dólar.

Jaramillo lamentó que el IPASME haya decaído al nivel de no contar con la calidad que le caracterizaba ofreciento todos los servicios médicos y rechazó que pese a esta realidad, los docentes sigan aportando una parte de su ya devaluado salario por este servicio.

Cuestionó que ya hayan desaparecido los créditos para autos y viviendas. «Podríamos amanecer aquí hablando de esto. Pero todo esto es lamentable. El gobierno está violando todos nuestros derechos sociales”, sentenció.

Las primas mochas de los docentes

Si bien a través de la Onapre se habían limitado los porcentajes de primas establecidas en la convención colectiva vigente, Sócrates Manaure, presidente de Sindicato de Trabajadores de la Educación del estado Miranda (Sitraenseñanza), informó a inicios de diciembre de 2022, que por los momentos se había logrado reintegrar el pago completo de esta deuda contraída a raíz de la decisión del instructivo.

Según Manaure, estás primas fueron restablecidas. No obstante, Juan José Jaramillo dijo que este compromiso tampoco fue saldado como oficialmente lo prometieron. A su criterio, la bonificación de fin de año fue calculada siguiendo en instructivo de la Onapre.

La Onapre disminuyó las primas a la mitad, sobre todo aquellas por las que miles de profesionales luchaban: permancer estable y asumir la antigüedad y carreras académicas que implica sobre todo la profesionalización.

Las primas ya venían recortadas desde que se discutió la contratación de 2018. De acuerdo al contrato colectivo 2015-2017, el reconocimiento al estudio de los docentes correspondía a 35% para estudios de especialización, 40% y 50% para maestrías y doctorados. Estos porcentajes se llevaron a la mitad para el 2018-2020, pues la compensación se estableción en la cláusula 67 en 25%, 33% y 35% para especialización, maestría y doctorado respectivamente.

IPASME y seguridad social

En materia de seguridad social, la contratación colectiva se establece que el Instituto de Previsión y Asistencia Social para personal del Ministerio de Educación (IPASME), prestaría “progresivamente a nivel nacional servicios de atención primaria de salud para fortalecer el sistema de salud de los trabajadores y trabajadoras”; esto quedó establecido en el párrafo único dentro de la cláusula 38 y vuelve a quedar como otra deuda con los maestros venezolanos.

Laura Igarra, presidenta del Colegio de Profesores seccional Lara, asegura que en la actualidad la institución no llega a ser ni un hospital tipo 1, mientras antes los maestros podían encontrar en él todos los servicios de odontología, laboratorios, rayos X, emergencia, pediatría y todas las especialidades a beneficio de los docentes, obreros y administrativos.

“En las emergencias tampoco tienen para atender a los pacientes. Si llegan insumos, el docente va y le dan una cita para cuando ya no tienen insumos”, se quejó Igarra.

Mientras tanto, el Fondo Autoadministrado de Apoyo Social y Salud para lo servicios de hospitalización, cirugía y maternidad, se hace cada vez más cuesta arriba dado los altos costos que se deben pagar los maestros, maestras y personal administrativo.

El IPASME es un beneficio para el personal del Ministerio de Educación, los servicios que ofrece son financiados por los trabajadores, pues hasta la fecha a los educadores les descuentan quincenalmente el 6% de su sueldo integral para garantizar servicios de salud.

Las fallas en los servicios de asistencia primaria en el IPASME se suman al alto costo de los seguros privados, lo que deja aún más indefensos a los docentes venezolanos; por ello exigen que el Estado les devuelva y garantice condiciones para la prestación de servicios y la seguridad social que le corresponde a los trabajadores.

Por Amador Medina y María Gabriela Álvarez

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Este año un temor similar experimentó Marisol Mendoza, directora del preescolar San José de Calasanz Fe y Alegría, construido en la populosa parroquia 23 de Enero, en Caracas.

Mendoza cuenta que ella, junto a su equipo de trabajo, hicieron el cálculo para establecer el costo del preescolar para el año escolar 2022-2023, el cual arrojaba que cada representante debía aportar 18 dólares mensuales por cada estudiante: 13 dólares más que el año escolar pasado.

La estructura de costos es un cálculo en el que se organizan los ingresos y gastos de un centro educativo, en un documento que debe incluir todos los costos necesarios para que el plantel educativo funcione y pueda cumplir con su objetivo: garantizar educación de calidad.

“Hace un año estábamos cobrando el equivalente a 5 dólares que no era suficiente, pero los cobramos”, contó Mendoza. Para ese entonces la estructura de costos era 7,29 dólares, pero se quedaron en 5 para ajustarse a lo que los padres podían pagar.

De acuerdo al reglamento del Ministerio de Educación, cada escuela informó a los representantes sobre el aumento de la colaboración por matrícula en el consejo educativo.

En la escuela San José de Calazán la reunión no fue sencilla: cuando les informaron el nuevo costo a los representantes no lo podían creer. “¿Entonces nosotros tenemos que pagar 18 dólares, profe?”, preguntaron alarmados ante el nuevo aporte. El nuevo monto representaba aumentar tres veces lo que habían cobrado en el preescolar el año anterior por estudiante.

En Venezuela el salario mínimo es de 130 bolívares y el bono de alimentación corresponde a 45 bolívares más, por lo que el mínimo integral de un trabajador es de 175 bolívares; ese monto es el equivalente a 15,55 dólares, según el cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela para el 2 de diciembre de 2022. Para algunas familias este monto representa dejar de comprar 10 kilos de harina al mes.

Por esta razón la dirección acordó, junto con los padres y representantes, dejar la colaboración mensual equivalente en diez dólares al cambio, con la condición de que el dinero faltante se alcance con rifas, verbenas y otras actividades de autogestión.

No alcanzan los ingresos

Los colegios de Fe y Alegría son planteles subvencionados e integran la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y, como todos, están obligados a cumplir con los lineamientos del Ministerio de Educación, entre esos la definición de la estructura de costos del centro.

Para calcular cuánto cuesta mantener una escuela durante un año, deben contemplarse todos los gastos del plantel en cuanto a papelería, libros, cuadernos, lápices, fotocopias, impresiones, material de limpieza, pago alquileres, internet, teléfono, agua, electricidad, aseo urbano e impuestos, así como los gastos propios de capacitación y adiestramiento del personal, y las mejoras de la planta física en los que se pretenda invertir durante el año.

Para el año escolar 2022-2023, el monto no solo aumentaría por la devaluación, sino también por el aumento de los servicios básicos como el aseo urbano, que puede llegar a costar entre 20 y 40 dólares al mes; internet privado que puede variar entre 30 y 100 dólares; y los impuestos municipales que están obligados a sufragar los planteles.

En el colegio Fe y Alegría Madeleilis Guzmán el cálculo de gastos e inversión para el año escolar 2022-2023 se estimó en 256.183,76 bolívares. Para cubrir ese monto se necesita por cada estudiante un aporte de 26 dólares al mes; pero optaron por dejarlo en 10 dólares mensuales, un monto accesible para padres y madres.

Una cosa es lo que dice el presupuesto y otra la economía. La estructura de costos de la escuela de Fe y Alegría Madeleilis Guzmán fue calculada en julio de 2022 con un dólar valorado en 5,5 bolívares, en octubre al inicio del año escolar 2022-2023, el precio del dólar superaba los 10 bolívares: la inflación, entonces, se comió el 50% de lo estimado en el cálculo hecho por la comunidad educativa.

En el estado Sucre la principal fuente de empleo es la pesca, agricultura, además de una deprimida actividad turística y comercial. Quienes se dedican a la venta de pescado y verduras pueden ganar entre 1 y 3 dólares al día.

Un representante que dependa de una venta de pescado debe disponer las ganancias de cuatro días para poder costear solamente el aporte mensual de un estudiante en la escuela Fe y Alegría Madeleilis Guzmán.

Por eso los directores saben que no es suficiente hacer el cálculo y establecer el monto de la matrícula, sino lograr la recaudación. Reina Mata recordó que el porcentaje de recaudación de la colaboración por matrícula fue de 60% el año pasado, y hasta la fecha de publicación de este trabajo periodístico el equipo directivo sigue “recogiendo dinero” correspondiente al año 2021-2022.

Pero como no recaudaron el 40% del dinero esperado el año pasado, según Mata, dejaron de comprar la computadora que necesitan para realizar el trabajo administrativo y siguen pagando fuera del centro. “Debemos venir a cumplir con lo que podíamos en el centro educativo y, posteriormente, salir a resolver dónde conseguíamos un equipo para el llenado de los formatos y la conectividad para enviarlos”, relató.

Sin recursos no hay mantenimiento ni mejora

Un estudio realizado por la plataforma de información humanitaria HUM Venezuela, reveló que, hasta marzo de 2022, al menos 4,9 millones de niños, niñas y adolescentes asistían a escuelas básicas con severos problemas de infraestructura y 1,6 millones dejaron de asistir regularmente por las “condiciones inadecuadas de las escuelas”.

Las principales causas de deterioro eran el mal estado de las edificaciones o los espacios físicos (74,7%) y de los pupitres e instalaciones sanitarias (66,4%), además de un servicio irregular de electricidad (67,6%), un suministro de agua con interrupciones (78,5%), y la falta o la disponibilidad insuficiente de transporte escolar (93,8%).

De las fallas no se escapa Fe y Alegría. Marisol Mendoza lamentó no haber podido pintar el preescolar San José Calazan el año pasado, pues el precio del trabajo era de apenas 160 dólares, pero tenían otras urgencias como renovar bombillos y recuperar la cerámica de un baño, en lo que consumieron más de 400 dólares de los ingresos de la escuela.

Pintar una escuela o impermeabilizar son obras que superan los presupuestos de los planteles. De acuerdo a los precios del mercado, para pintar un salón de clases con una pintura promedio se necesita invertir por lo menos 70 dólares. Impermeabilizar un salón es casi impensable, porque la inversión ronda los 200 dólares.

Para comprar un pupitre nuevo o un módulo de mesa silla, de acuerdo a su calidad y cantidad, una escuela debe pagar entre 10 y 50 dólares. Ni hablar de los escritorios y sillas para maestros, que superaría los 50 dólares adquirir una unidad de trabajo por salón.

Ante estos presupuestos cualquier escuela optará por recuperar lo que existe con reparaciones menores, que a veces no resuelven los problemas.

Tanto Marisol como Reina no ocultan su miedo de perder a los estudiantes que no pueden pagar, pero saben que no están solos e insisten en dar todas las posibilidades de pago para asegurar la permanencia de NNA, mientras con otros aliados buscan apoyo para realizar las mejoras que necesitan en baños, salones y techos o la dotación de equipos y tecnologías.

La educación es responsabilidad del Estado

Según el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la Ley Orgánica para la protección de NNA refieren que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán con “prioridad absoluta”, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Luisa Pernalete, profesora y coordinadora del Proyecto de Ciudadanía y Paz de Fe y Alegría, recordó que el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para que el derecho a la educación sea garantizado, a través de las mejoras de infraestructura y suministro de recursos.

Aunque hay cosas que se consiguen con apoyos de aliados como en Fe y Alegría Madeleilis Guzmán, donde se restituyó el servicio de internet CANTV gracias al apoyo de la empresa y gestión de representantes; o se logró conseguir una computadora con una donación a inicio de este año escolar. Hay trabajos mayores que necesitan grandes inversiones.

“Es bueno que la comunidad coopere con las escuelas, pero la infraestructura no debe ser responsabilidad de las comunidades, eso le toca al Estado que administra dinero”, reiteró Pernalete.

Garantizar el derecho a la educación en condiciones de calidad y sin exclusión sigue siendo una tarea pendiente que amerita participación de todos los involucrados y la inversión de recursos de la comunidad, gobierno y todas las instituciones que hacen vida en el país.

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Antes de zarpar los organizadores del traslado ilegal ocultaron a todos los pasajeros en una zona boscosa de Palo Blanco, al noreste de Tucupita, capital de Delta Amacuro. De allí debían salir solo cuando fueran notificados.

Después de recibir la señal de avanzar, caminaron durante una hora hasta llegar al puerto. Allí abordaron un bote y partieron hasta “La Barra”, una zona de la costa en Delta Amacuro, pero hay varias de ellas, Lucía no supo cuál de todas.

En ese sitio tuvieron que esconderse una vez más entre la maleza mientras un grupo armado que controla la zona recibía el pago de parte de los organizadores del viaje por dejarlos pasar. Ninguno de estos hombres debía ver a los viajeros para evitar otro tipo de problemas: como que les guste una muchacha y se la lleven.

Huir de Venezuela

En Tucupita Lucía trabajaba como camarera en el materno “Dr. Ismael Brito”. Ganaba un sueldo mínimo que para ese momento era de 400.000 bolívares, el equivalente a 0,92 dólares según el cambio oficial.

Vivía en una casa de zinc junto a sus siete hijos en un terreno que la gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, ordenó desalojar con militares.

Sin tener un lugar para alojarse Lucía y sus hijos durmieron en las calles durante dos días, hasta que le prestaron una casa en Los Cocos, allí vivió hasta el 2020.

Ese año su esposo pagó 1.600 dólares para que ella y sus hijos viajaran hasta Trinidad y Tobago. Él ya había realizado un viaje ilegal hasta ese país y quería reunir a la familia.

El esposo de Lucía saldó una parte del pasaje con dinero en efectivo y otra con un congelador y una desmalezadora.

Una galleta hecha puré

Cuando finalmente lograron cruzar hasta Trinidad y Tobago, Lucía y sus siete hijos encallaron a pocos metros de la orilla, en una zona cercana a Morne Diablo.

Estaban sedientos y con mucha hambre, pero no se atrevían a lanzarse al agua hasta tanto no ver a las personas que irían por ellos. Otro motivo para no moverse del sitio era que pisar tierra firme podría ponerles en peligro de ser detenidos por la policía trinitaria.

Pasaba el tiempo, las olas golpeaban con más fuerza el bote y el sol estaba por ocultarse. Dos hijas de Lucía ya no podían aguantar más el hambre y la sed, fue cuando todos decidieron nadar hasta la orilla. La posibilidad de que alguien los ayudara se veía lejana.

Estaban contra la espada y la pared. Si se quedaban en la embarcación morirían de hambre, pero en la playa podían ser arrestados y deportados a Venezuela.

Empapados, con frío y hambre, los hijos menores de Lucía Mendoza lloraban. En la entrevista telefónica que ofreció a Radio Fe y Alegría Noticias Lucía dijo que todavía recuerda a un joven que viajó con ellos hacia Trinidad, este pudo salvar su bolso cuando nadaban hasta la orilla, en su interior encontró una galleta mojada con agua de mar que se hizo puré y la compartió entre los niños.

Al anochecer los otros migrantes venezolanos que viajaron con Lucía decidieron salir del bote y un policía los detuvo. Estas personas condujeron a los oficiales al lugar donde se encontraba el resto del grupo y todos fueron arrestados.

Ninguno de los policías hablaba ni entendía el español. Solo un migrante sabía el idioma y ayudó a traducir. Los funcionarios le preguntaron a Lucía quién era la persona que la recibiría en ese país, y ella negó que alguien la estuviera esperando. Su hija tenía fiebre y todos estaban a punto de desmayarse por el cansancio.

Al ver sus rostros, los policías les dijeron: “go, go, go quickly and let no one else see you”, que en español significa: váyanse, váyanse, váyanse rápido y que nadie más los vea. Los migrantes venezolanos no se lo creían y calificaron este gesto como un “acto milagroso”.

Después de huir de ese sitio Lucía encontró la forma de contactar a su esposo y se dirigió hacia Penal-Debe. Allí estaba esperándoles y cuando apenas logró reconocerlos se abalanzó contra ellos y se abrazaron. Lo peor ya había pasado, o al menos así pensaban todos.

Para los venezolanos Trinidad y Tobago se ha convertido en un país prohibido ya que no hay leyes que protejan a los no regularizados. Según Lucía, la premisa de algunos trinitarios es “si están ilegales, no pueden pensar que seamos legales con ellos”.

Lucía primero trabajó en un parque acuático en Penal-Debe. El dueño, un trinitario, la regañaba a diario porque ella no entendía el inglés. Apenas respondía “ok, Sr”.

A Lucía la discriminaron por no saber el idioma, varias veces la humillaron y se iba al baño a llorar. Luego se secaba las lágrimas e intentaba atender a los clientes. Le pagaban 15 dólares trinitarios por hora y cuando quedó embarazada tuvo que renunciar, su esposo e hijo mayor asumieron la responsabilidad de proveer el dinero suficiente para mantenerlos a todos.

Una jornada laboral de 13 horas al día, corrido, en un comercio de venta de electrodoméstico en Penal-Debe, es pagada a 150 dólares trinitarios, que en ese país llaman TT (titi en inglés), unos 15 dólares estadounidenses.

Si esa persona trabaja de lunes a viernes sin descanso, a los 30 días cobrará unos 450 dólares estadounidenses. Con esa cantidad de dinero mensual podría cubrir varias de sus necesidades en Venezuela, pero en Trinidad y Tobago no, porque el arriendo supera los 250 dólares estadounidenses al mes, además de los gastos en alimentación, medicinas entre otros.

Lucía asegura que luego de dos años ya se adaptó a las condiciones Trinidad y Tobago, no le va del todo bien, pero tiene la posibilidad de ahorrar. Dice que vive en mejores condiciones que en Venezuela.

Los que se regresan de Trinidad y Tobago

Edward Moya, ex trabajador de la Alcaldía de Tucupita, no corrió con la misma suerte que Lucía. En 2019 pagó 200 dólares a una de las personas en el puerto ilegal de Tucupita para que lo llevara hasta Trinidad y Tobago.

Ya en ese país consiguió trabajo en una empresa de detergentes donde le pagaban 15 dólares estadounidenses a diario por laborar durante ocho horas.

Moya expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que el dinero que recibía apenas le alcanzaba para sobrevivir y enviar “algo” a su familia en Venezuela.

Luego de unos meses Moya consiguió trabajo en la emisora radial The Street 91.9 FM. En ese sitio le pagaban 17 dólares estadounidenses al día, “estaba más cómodo”, dijo.

Tras ocho meses de estar allí decidió regresar a Venezuela porque se enfermó. Explicó que es difícil que un migrante se trate en un hospital de Trinidad y Tobago, por lo que sin pensarlo dos veces retornó a Tucupita.

Aseguró que, en 2020, con la llegada de la COVID-19 a Trinidad y Tobago aumentó la inflación y con ella vino una ola de pérdidas de empleos.

“Todo se puso más caro. Mientras el pago para los criollos indocumentados y trinitarios en general sigue siendo el mismo desde hace tres años: entre 17 y 20 dólares al día gastos persisten sobre los mismos productos y servicio. Cada venezolano debe pagar los servicios de luz, el internet, el arriendo que es costoso en esa nación”, contó Moya.

Explicó que a los migrantes venezolanos ilegales cuando son detenidos los presentan ante un juez, quien determina si la persona puede quedar en libertad si paga una fianza, o si se inicia el protocolo de deportación; Para Moya este último proceso es violatorio de todo protocolo internacional, ya que las autoridades venezolanas no son notificadas inmediatamente.

Quienes inician este protocolo son llevados a la base aérea de Chaguaramas, en Trinidad y Tobago, los migrantes venezolanos permanecen allí por tiempo indefinido hasta que son trasladados hasta Venezuela.

La espera se alarga porque las autoridades migratorias de la isla deben reunir hasta 200 criollos y así realizar un solo viaje hacia Venezuela. De acuerdo con Moya, los venezolanos durante su estadía en Chaguaramas viven hacinados en un cuarto, padecen de hambre y también reciben maltrato por parte de los funcionarios trinitarios armados. Entre 2021 y lo que va de 2022 Radio Fe y Alegría Noticias ha recibido tres denuncias anónimas sobre esta situación.

Radio Fe y Alegría Noticias también ha hecho seguimiento a dos naufragios ocurridos en las costas venezolanas durante el 2021.

Uno de estos viajes fue para intentar llegar a Trinidad y Tobago, mientras que el otro, fue para regresar a Venezuela.

A estos sucesos se suma el hecho más reciente en el que un niño perdió la vida por disparos que propinaron funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago a una embarcación donde viajaban migrantes venezolanos.

Agencias de las Naciones Unidas como: ACNUR, OIM, ACNUDH y UNICEF expresaron su “profunda consternación” por la muerte del bebé venezolano.

Lo sucedido no solo llevó a un llamado de atención por parte de las Naciones Unidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió una exhaustiva investigación sobre este hecho, además de “sancionar a los responsables y reparar a los familiares”.

Canoas esperadas con ansias

En 1950 las relaciones entre ciudadanos de Trinidad y Tobago (que para esa época era colonia del Reino Unido) con los venezolanos era distinta.

En ese tiempo los intercambios comerciales entre estos dos países se realizaban de forma ilegal, las necesidades eran prioridad y se saltaban las leyes de los límites fronterizos.

Fue entonces cuando aborígenes del pueblo originario warao y campesinos criollos, comenzaron a vender maíz, cacao, animales de cacería, perros cazadores y arte. La frontera estaba allí, solo que invisible para ellos.

Los trinitarios esperaban con ansias el arribo de las canoas venezolanas cargadas de alimentos y productos.

Nadie era perseguido mas que por un mal tiempo. Los disparos eran los relámpagos que se escuchaban al anochecer, así lo recuerda el señor Francisco González, habitante de Tucupita, quien para ese entonces era un niño.

De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para el 2019, año en el que el gobierno de Trinidad y Tobago llevó a cabo el registro nacional de venezolanos migrantes, 16.000 criollos se apuntaron en esta iniciativa.

Sin embargo, según estimaciones de Acnur, 40.000 venezolanos permanecen en situación irregular en Trinidad y Tobago.

Entre los años 2019 y 2020 fue el periodo más violento para las mujeres venezolanas migrantes en Trinidad y Tobago. Los casos que conmovieron a Venezuela fueron:

• La modelo deltana, Stefany Flores, quien tuvo que simular su muerte tras una golpiza que le dieron hombres trinitarios, en el que participó un ex policía.
• Johanna Díaz, otra deltana de 34 años de edad, fue reportada como desaparecida en agosto de 2020. Luego su cuerpo fue hallado sin vida sepultado entre cañerías, en el patio trasero de la casa de su agresor.
• Johandrys Espinoza, quien falleció a manos de su pareja y este admitió haberla estrangulado.

Las reglas de la geopolítica

Radio Fe y Alegría Noticias conversó con Juan Navarrete, abogado venezolano especialista en materia de derechos humanos, e integrante de la organización Amnistía Internacional en Colombia, sobre ¿por qué a los ucranianos no se les imponen restricciones para entrar a un país, como sí se aplica a los venezolanos? Y respondió que no se trata de un tema de derecho internacional para unos sí y para otros no, sino de reglas que la geopolítica y el manejo de la migración determinan.

“Ucrania es un país europeo que tiene países amigos, como el más próximo Polonia, que ha ofrecido la voluntad de recibirlos. Después de la Segunda Guerra Mundial todos los países han tenido una receptividad migratoria y sobre todo si se trata de una nación de la misma Europa”, explicó.

En el caso venezolano dijo que pasan dos cosas: el país más cercano, en este caso Colombia, que sería como la Polonia, no es un país que mantiene un historial de recibir migrantes forzados. Colombia más bien ha sido un país expulsor de migrantes. “8.000.000 colombianos están desplazados en el mundo. Desde 2017 a 2020, cuando recrudeció la migración forzada venezolana, dos millones de venezolanos llegaron a Colombia, pero la respuesta de receptividad no ha sido la misma”.

El representante de Amnistía Internacional aseguró que en Suramérica no se vivía una migración tan masiva.

“Estaban las de Perú y Bolivia, sin embargo, el caso de Venezuela, hay 5.000.000 de venezolanos migrantes forzados, por eso varios países de Suramérica han impuesto restricciones. No se trata de un tema de derecho internacional para unos sí y otros no, sino de reglas que la geopolítica y el manejo de la migración determinan”, argumentó Navarrete.

Aporofobia

Navarrete agregó que en Venezuela empezó a tener una migración con más fuerza en 2009, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez “radicalizó” el socialismo del siglo XXI. Se trató de una migración de clase media y clase media alta, es decir, personas con recursos suficientes para establecerse en otros países, un “plan B para vivir”.

De acuerdo con el abogado, esta migración fue aceptada en España, Miami, Costa Rica y Panamá.

A partir del 2017, con el recrudecimiento de la crisis económica y social en Venezuela, comenzó una migración forzada de venezolanos. “Fueron muchachos jóvenes entre 15 y 35 años, de estratos sociales bajos, en condiciones de pobreza”.

Afirmó que al llegar a los países destino, la recepción no fue la misma “porque son personas con necesidades de protección internacional, entonces los países que los van a acoger no comprenden esta dimensión. Por eso vemos casos de alto conflicto como en la frontera de Bolivia y Chile, o acciones y expresiones de xenofobia”.

Agregó que como son personas “pobres” no deja estar presente la aporofobia, un término acuñado por primera vez en 1995 por la filósofa española Adela Cortina.

Esta palabra se conforma a partir de la voz griega á-poros, que quiere decir “sin recursos o pobre”, y fobos, “miedo”; en su conjunto significa “odio, miedo, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el que no tiene recursos o el que está desamparado”.

“En el caso de Bogotá, recordemos que en los días del confinamiento por la pandemia veíamos como los expulsaban porque no tenían cómo pagar. Tiraban sus cosas y hasta en algunos casos se los quemaban. Y todo esto tenía que ver por ser venezolanos pobres”, dijo Navarrete.

Con enfoque de derechos humanos

El abogado representante de Amnistía Internacional recomendó que los países de acogida deben estructurar políticas públicas de migración con enfoque de derechos humanos.

“No solo pueden estar basados en medidas de seguridad, control y regularización, sino que permita la inclusión e integración de estas personas a estos países”, refirió.

Indicó que hay que evitar los factores que pongan a los niños en riesgos de apátrida.

“Que no tengan una patria, nacionalidad o un documento de identidad simplemente por las restricciones de estos países para lograrlo. Hay que evitar políticas que generen xenofobia o la criminalización hacia las personas migrantes venezolanas” aseguró.

Las historias de Lucía y de Edward se repiten cada día por decenas sin que la prensa se entere. Lo mismo ocurre con los gobiernos, que además de no enterarse no entienden la complejidad de la crisis humanitaria que padece Venezuela y cuyos habitantes dan cuenta de su impotencia, rabia, desolación.

Las palabras “Trinidad y Tobago” en el título de este trabajo periodístico pueden cambiarse por otro país de la Región, la pregunta sería ¿cuándo un pasaje a lo prohibido, arriesgar la vida, será menos atractivo que quedarse en su país?

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Esta problemática es una de las mayores calamidades que padecen los habitantes de este territorio, tanto del lado venezolano, como del lado colombiano. 

Muchos líderes de las comunidades la denominan la “sed milenaria”, que en Venezuela, por ejemplo, solo se ha atendido con paliativos y acciones que buscan mitigar la sed por momentos, como la utilización de camiones cisternas.

Dos países, una misma tragedia

Geográficamente el territorio de la Guajira lo comparten Colombia y Venezuela. En ambos países la situación del agua es crítica, sus habitantes han vivido en medio de la sed y el olvido, con promesas que muchas veces no han llegado a nada.

”Nosotros pagamos más de 15 mil pesos por un anillo de agua”; “vamos en burros para poder ir al jawei. Le montamos el calambuco y nosotros vamos caminando, es inhumano”. Expresiones como estas, que denotan rabia e indignación, son costumbres entre los habitantes de las comunidades de la Guajira venezolana, la cual refleja la misma realidad de los pobladores del departamento de la guajira colombiana.

En 2018, la ministra de Atención de las Aguas de Venezuela, Evelyn Vásquez, acompañada de la alcaldesa de la Guajira venezolana, Indira Fernández, visitaron el sector de Guarero una zona a casi 40 kilómetros del acueducto El Brillante, con la promesa de reactivarlo. 

Desde el 2017 este acueducto no suministra agua, dejando a cientos de familias wayuu y añú sin agua potable. Los constantes cortes eléctricos, la falta de mantenimiento en las tuberías y los daños en los motores de la planta, fueron las principales causas para su paralización.

Luego, en febrero 2020, el exmandatario regional, Omar Prieto y la alcaldesa Fernández, en compañía para ese entonces de la presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia, Dorelis Echeto, inspeccionaron los trabajos de rehabilitación de la planta de potabilización de agua El Brillante.

La alcaldesa indígena explicó que las labores permitieron constatar las condiciones operativas de las instalaciones del acueducto El Brillante y el tanque La Estrella», que surtirían de agua potable a más de 72 mil personas de ese municipio de la subregión Guajira, y que se encontraban paralizadas desde el año 2017.

Para mayo de 2021 se reportó que las comunidades, situadas cerca del acueducto El Brillante, como Guana, Carretal, La Argentina, Santo Negro, La Ceiba y El Rodeo, empezaban a recibir el agua por tubería, después de cuatro años, aunque no tan regular como desearía la población y como debería garantizarlo el Estado. 

Asimismo, otros sectores de la parroquia como Caujarito, Calie, Colopuntain, El Brillante, Guarero, Moina, El Rabito, Paraguaipoa y zonas adyacentes, sobreviven de los pozos artesanales y jagüeyes, cuyas aguas lucen verdosas. 

En la comunidad de Jiuston viven unas 50 familias que deben utilizar agua de jawei para cocinar, a pesar de su mal olor. Se exponen a enfermedades.

«El agua del jawei se ve verde y huele mal, pero nos toca llevarla para preparar la comida y para lavar. A veces me duele la espalda por el peso de los envases que llevo en mi hombro», dijo a Radio Fe y Alegría Noticias una de las habitantes del sector.

Para mayor drama, jagüeyes como Arepeta, Potrerito, El Brillante, Patsuamana, están quedando secos debido a las altas temperaturas y la ausencia de lluvias. La sequía es tan intensa que cientos de animales han muerto y los cultivos se observan marchitos.

¿Qué es un jawei?

En el pueblo wayuu se le denomina jawei a los estanques o trampas de agua. Son pozos que almacenan agua de la lluvia o que brota de la tierra. No es un río, no corre. No se renueva. Un jawei es un charco grande, expuesto al sol, a los animales y sin ningún tipo de tratamiento. 

El agua de Jawei no es la más adecuada para el consumo humano. Incluso si se hierve no es potable.

El agua es un derecho humano

«El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos». Rezan los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales.

Agua en tiempos de pandemia

En las comunidades wayuu es casi imposible cumplir las medidas de bioseguridad, desde que inició la cuarentena social se aceleró la sequía y las autoridades no son capaces de garantizar acceso al agua potable.

El agua no llega y hay que pagar

Los vecinos de los barrios y comunidades de La Guajira reclaman a los gobernantes información certera. Algunos han pagado hasta 2.000 pesos colombianos y no les garantizan el servicio. Aseguraron que están viviendo la peor crisis en tiempos de pandemia donde no hay agua para tomar ni para lavarse las manos.

«Si estamos en invierno es inundación y cuando llega el verano es sequía, no hay agua para la comunidad. ¿Por qué no planifican los gobiernos?», expresó un vecino del sector. 

Poblaciones de la zona rural de la Guajira están secos, debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias. Es dramática la situación para los habitantes de las cuatro parroquias del municipio. 

«Nos están cobrando 4.000 pesos (colombianos) por la pipa de agua», denunció la señora Ana Marín. «El agua por tubería llegó una vez y no ha llegado más». Dijo mientras esperaba conseguir un poco más de agua para su familia.

De lado Colombiano es igual

Del lado colombiano la cobertura del acueducto para la población es menor al 50%, lo que la deja por debajo de la media nacional. Solo tres de sus 15 municipios tienen agua apta para el consumo humano, según información del proyecto Guajira Azul, una iniciativa del gobierno de Iván Duque en Colombia para instalar llenaderos de aguas en zonas rurales de Maicao y otros territorios. 

A esta realidad hay que agregar que en el departamento de la Guajira colombiana, la desnutrición incide y afecta principalmente a los niños de las distintas comunidades. Además, se ha afectado el poco desarrollo de la agricultura y la ganadería por lo que los animales de cría han muerto debido a la falta de agua y alimentos.

La carencia de agua influye en la propagación de enfermedades como gripe, diarreas y fiebre. 

La Guajira colombiana es el departamento con más pobreza del vecino país: el 96% de la población rural es pobre, según un reciente estudio de la Contraloría General. 

Ya éramos pueblo

“Mucho antes de ser Estado, ya éramos pueblo. Por eso somos llamados pueblo mayor, seamos colombiano o venezolano”, expresó Oscar Pérez González, líder tradicional en el departamento de la Guajira colombiana, específicamente, en la zona rural de  Maicao. 

«No estamos acostumbrados a que nos resuelvan la vida, nosotros lo hacíamos desde nuestros propio conocimiento, pero hoy por hoy las lluvias se ausentan y no contamos con el agua, que año tras año nos regala la naturaleza», sentenció González.

Un desierto ancestral

La Guajira es gente de viento, sol, arenas y playas. Del lado venezolano el pueblo wayuu se ubica al norte del estado Zulia. En Colombia es el departamento de la Guajira. El territorio es árido, ácido. El límite es el mar caribe. Históricamente las bandas de contrabandistas y narcotraficantes han utilizado este territorio como corredor del crimen y el delito. 

Pero la Guajira es más que un pedazo de tierra desértica. Es un pueblo con grandes convicciones culturales y espirituales. El viento, el sol, el agua y su gente se fusionan en la mitología. El wayunaiki es el idioma en el que se cuentan historias que pasan de generación en generación. 

La escasez de agua en el territorio wayuu tiene causas geográficas, pero también, y sobre todo, de ausencia de políticas públicas que garanticen el derecho al agua potable. Sin olor, sin color; que genere vida. 

En 2012 el extinto Ministerio del Ambiente informó que el 90% del territorio wayuu tenía servicio de agua. Pero, en el año 2020, justo cuando iniciaba la emergencia sanitaria, el municipio Guajira cumplió tres años sin servicio de agua por tuberías según la denuncia reiterada de la población. 

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La arrocera del Delta forma parte de un proyecto integral promovido por el fallecido presidente Hugo Chávez en el año 2010. En su visita a Tucupita, la capital de Delta Amacuro, recorrió junto a empresarios chinos varias zonas, incluyendo Isla de Guara, al sur de Monagas. 

El “Proyecto de Desarrollo Integral Delta del Orinoco” tenía previsto levantar una empresa cárnica, una láctea, una planta de producción avícola y el complejo arrocero. Este último debía estar produciendo y procesando arroz en 2017, pero no fue así. La única y última vez que esta planta estuvo operativa fue durante el año 2020 cuando, tras varias confrontaciones políticas, siembras frustradas y un suicidio, logró procesar 500 hectáreas de arroz.

La planta arrocera del Delta forma parte de un proyecto integral que incluía otras zonas productivas. La empresa CAMC Engineering Ltd asumió el contrato del complejo arrocero en la Isla de Cocuina. En su página web, la empresa se define como “una sociedad anónima filial de China National Machinery Industry Corporation, fundada en Mayo de 2001”.

También, según sus datos, esta empresa «hasta el momento, ha llevado a cabo decenas de proyectos ‘llave en mano’ y exportación de equipos completos, extendiendo sus actividades a Asia, África, América y EuropaOriental…”.

De igual forma, esta trasnacional ofrece servicios en áreas que van desde la agricultura, hasta la petroquímica. Los trabajos de infraestructura para el levantamiento de este complejo iniciaron en 2011, pero se paralizaron por irregularidades en el financiamiento, según se informó públicamente. 

Toda la infraestructura y maquinarias quedaron abandonadas, mientras los robos a los mismos recrudecieron. De acuerdo con un trabajo especial de la agencia Reuters, Venezuela le pagó 100 millones de dólares a la empresa china contratista. Este dinero llegó a parar, según el medio de comunicación, en paraísos fiscales de Andorra y cuando representantes de las organizaciones fueron consultados al respecto, afirmaron que los documentos revisados por Reuters fueron manipulados con «intencionalidades».

Mientras la planta estuvo abandonada por alrededor de 5 años, la gestión de la gobernadora Lizeta Hernández llevaba a cabo intentos fallidos por animar a los productores a promocionar el complejo arrocero y los beneficios que traería “cuando se retomaran” los trabajos. 

El “Proyecto Integral de Desarrollo Agrario Delta del Orinoco de Venezuela”, como se llama técnicamente según la empresa que lo contrató, contempla “la construcción de canales de riego y drenaje en una zona de riego de 11 mil hectáreas; construcción de un complejo para procesamiento de arroz y de su semilla; la restauración de granjas para 80 mil gallinas ponedoras; construcción de un laboratorio agropecuario…”, de acuerdo a la ficha técnica publicada en la página web de la empresa.

Apenas 500 hectáreas de arroz

Uno de los deltanos que se animó con la siembra de arroz fue el exconcejal Euclides Sarabia, un habitante de la Isla de Cocuina, quien declaró a través de Radio Fe y Alegría Noticias que dejaría otras actividades de producción para dedicarse, únicamente, a la siembra de arroz. 

No obstante, retomar el trabajo en la planta arrocera que, si bien apenas aguardaba por las siembras, se complicó por su inoperatividad. Los daños por desuso implicaron nueva inversión en el año 2017 para reacondicionar las instalaciones.

Ángel Gascón, activista comunitario de Delta Amacuro, alertó sobre la posibilidad de que la arrocera de Tucupita nuevamente se dejara abandonada. En esa oportunidad, la traba fue por la falta de terreno para la siembra, aun cuando el proyecto original contemplaba tierras para sembrar el cereal.

Gascón explicó que, aunque la planta física de la arrocera estaba por culminarse en el año 2017, cuando comenzó su rescate, su funcionamiento se vio interrumpido porque los productores no encontraron tierras aptas.

De acuerdo con ingenieros vinculados a la planta arrocera consultados por Radio Fe y Alegría Noticias en el año 2018, y cuyos documentos internos así lo determinaron, el complejo tenía una capacidad instalada para producir 70 toneladas de arroz por día.

La primera etapa del proyecto debió ser entregada en el 2016 y la fase para la producción y procesamiento estaba previsto que iniciara el 2017. No obstante, tras cuatro años, apenas ha procesado 500 hectáreas de arroz.

Una planta inaugurada pero sin arroz

La gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, inauguró el 3 de febrero de 2019 la planta arrocera de Tucupita. Lo hizo aun cuando no existía siembra de arroz en la entidad. Fue bautizada como Complejo Agroindustrial Arrocero “Hugo Chávez Frías”.

La empresa CAMC Engineering Ltd publicó la inauguración de la empresa con una nota de prensa en su página web

Wilmar Castro Soteldo, ministro de Alimentación de Venezuela, asistió a este acto y afirmó a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión, que “se identificó 20 mil hectáreas de superficie para la producción de arroz en la entidad”.

Estas afirmaciones confirmaron la inexistencia de siembra. El funcionario dijo además “estamos haciendo las coordinaciones con la empresa que instaló este proyecto para aumentar su capacidad al doble”.

Castro Soteldo informó que una empresa proveniente del estado Barinas y con experiencia en la producción de varios rubros agrícolas en los estado llaneros, se haría cargo de la empresa arrocera. 

En 2018, la Empresa Integradora Barinas fue la encargada de trasladar arroz desde los llanos e iniciar las pruebas de trillado. Sin embargo, no se precisó si sería la misma empresa la que asumiría en 2019. 

La EPS Integradora Barinas, a cargo del ingeniero Andrés Laya, tuvo una venia ministerial para adelantar todas las actividades que impulsaran la producción; sería este mismo permiso que pondría en disputa a la operadora con la misma gobernadora Hernández, según afirmaciones de los trabajadores de dos grupos laborales en los que se dividieron la arrocera y otras iniciativas productivas.

Andrés Laya hizo del conocimiento público su arribo a Tucupita y la responsabilidad con la arrocera el 31 de marzo de 2019. Laya tenía la misión de, en principio, promover las siembras de arroz para poner a trabajar la planta. 

El permiso ministerial lo llevó a concretar grandes asambleas con productores de la región. Con ellos, en principio, trabajó y logró dar los primeros pasos para iniciar con las siembras. No obstante, los dueños de fincas y grandes terrenos se negaron a aceptar la propuesta de Laya por considerar que no se verían beneficiados como querían.

El representante de EPS Integradora Barinas, tras su primer traspiés, realizó nuevas propuestas para estimular a nuevos productores; ofreció porcentajes favorables y precios más competitivos. Sin embargo, un productor, en nombre de otros diez, acusó a Laya de no cumplir su palabra.

Estas personas finalmente acudieron y recibieron el apoyo de la gobernadora Lizeta Hernández, quien meses después denunció ante los medios de comunicación a Andrés Laya de estar inmerso en hechos de corrupción, aunque no precisó cuáles eran los delitos.

Sin tomar en cuenta los señalamientos, amparado por el apoyo ministerial y luego de haber fracasado con dos grupos de productores deltanos, Laya promovió las ferias campesinas para estimular a campesinos aliados. 

Era el tercer intento en la región. Pero la feria no fue autorizada por la gobernadora Lizeta Hernández. Según declaraciones del ingeniero, se trataba de la iniciativa más grande “nunca antes vista”. 

Para esta actividad, que estaba prevista para llevarse a cabo en el paseo malecón Manamo de Tucupita, Laya quedó endeudado con los productores, según pudo confirmar Radio Fe y Alegría Noticias en conversaciones con algunos involucrados que no desean revelar sus nombres, pues no quieren verse involucrados en el caso Laya.

Las disputas entre Laya y la gobernadora Hernández eran públicas. La mandataria alegaba que en las iniciativas del señor Laya existían presuntas anormalidades, mientras un grupo de trabajadores y dueños de fincas afirmaban que les seguía debiendo. Los negocios y el proyecto del arroz no terminaba de germinar.

Luego de tres fracasos en el Delta, Andrés Laya apostó por trabajar de manera independiente en terrenos del hato Santa Clara, al sur de Monagas, un espacio de tierra expropiado a la Corona Británica por el presidente Hugo Chávez. 

En julio de 2019, Radio Fe y Alegría Noticias sostuvo una breve entrevista con el ingeniero Andrés Laya y esta es la transcripción de sus afirmaciones.

1.- ¿Qué avance ha tenido hasta los momentos el proyecto arrocero?

Vamos a evaluar la posibilidad de transformar un sistema de riego de alta tecnología, con sistemas de compuertas y turbinas para una capacidad de 6 mil hectáreas, ahí en Santa Clara.

2.- Para los que no sabemos, a nivel de producción, ¿en qué cantidad se traducen 6 mil hectáreas de arroz?

A.L.: Se transforman en 30 mil toneladas métricas aproximadamente, con un rendimiento de 5 mil kilos por hectáreas.

3.- ¿Esa sería la primera producción del año?

A.L.: Es la primera en lo que es el sur de Monagas. Este jueves tengo una reunión con el equipo técnico especialista que tenemos en Santa Clara, para evaluar varios puntos como la siembra de 8 mil hectáreas en Tucupita en los meses de noviembre, diciembre y enero del próximo año.

También vamos a evaluar la recuperación de los jumbos para reactivar el sistema de canales, compuertas y la captación de los trabajadores en el sur de Monagas. Estamos empezando a recibir semillas e insumos aquí en Delta Amacuro.

Pero nada de lo dicho en esta entrevista llegó a concretarse debido a que la siembra de arroz nunca se dio por severos problemas de riego. Se desconoce si realmente fueron mil hectáreas las que se perdieron, no obstante, del sur de Monagas no se cosechó ni un grano. 

Un nuevo fracaso para Andrés Laya, ahora frustrado por sus intentos fallidos y endeudado con las contratistas que llevaron a cabo algunos trabajos viales. Uno de estos contratistas afirmó que la EPS Barinas dejó una deuda por 3 mil dólares.

La despedida de Andrés Laya 

A las 5:48 de la tarde del sábado 4 de enero de 2020, el ingeniero Andrés Laya, presidente de la EPS Integradora Barinas, publicó en su estado de WhatsApp el mensaje “Adiós a todos los amo”. 

Posteriormente se conoció la muerte de Andrés Laya. El hombre del complejo arrocero se suicidó. 

Empezaron a sembrar

El grupo de propietarios de fincas apoyado por la gobernadora Lizeta Hernández y que en principio vivió un ciclo de disputas con Andrés Laya por presuntas deudas, pondría manos a la siembra de arroz y así fue anunciado por el canal del Estado, VTV. 

La cuenta de Twitter del canal publicó un vídeo para mostrar cómo avanzaba el proceso de siembra en un sector del municipio Tucupita.

#EnVideo | Así se lleva a cabo la siembra de más de 500 hectáreas de arroz en el Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro para seguir fortaleciendo la producción hacia la economía real#VenezuelaAElecciones pic.twitter.com/pBir5INYvV

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 3, 2020

Fue la primera y única siembra de arroz en Delta Amacuro, y se realizó en la finca de Lorenzo Marín, en la isla de Cocuina, en Tucupita. Posteriormente se cosechó en noviembre de 2020, se trilló en el complejo Hugo Chávez, se empaquetó y se vendió. Fueron 500 hectáreas según la nota oficial.

En la actualidad, la planta está cerrada y no se volvió a sembrar. Mientras tanto, los silos están ahí, esperando para almacenar 70 toneladas diarias de arroz made in Delta.

El plan inicial, mencionado al principio del reportaje, indica que el proyecto “Proyecto de Desarrollo Integral Delta del Orinoco”, no solo contemplaba la producción de arroz sino también la construcción de “canales de riego y drenaje en una zona de riego de 11 mil hectáreas, la restauración de granjas para 80 mil gallinas ponedoras y construcción de un laboratorio agropecuario». 

¿Se construyó el sistema de riego? ¿Se restauraron las granjas? ¿Están las gallinas? ¿Se construyó el laboratorio? 

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Para José De Viana, ex presidente de Hidrocapital la falta de agua potable no es un asunto de inversión, sino de gerencia. A su juicio en el país hay una importante infraestructura instalada la cual no ha recibido el mantenimiento que debería.

“La única explicación que tiene que haya suministro intermitente es que la producción de agua es aproximadamente la mitad de la capacidad de diseño”, aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias.

De Viana puso como ejemplo el caso particular de la ciudad de Maracaibo, ubicado al occidente del país, donde se abastece con dos acueductos dispuestos a trasladar agua desde la fuente (embalse de Tulé) hasta la ciudad, “eso es suficiente para ofrecer un servicio continuo de agua las 24 horas al día”, dijo.

Insistió en que entonces “no es un problema de capacidad, no es un problema de fuente”, porque existen.

Agregó que en los últimos 20 años se han invertido 9.000 millones de dólares en obras de infraestructura que mejorarían el servicio de agua potable. Sin embargo, las mismas no se encuentran operativas.

“¿Y porque no están operativas? Porque no es no es suficiente tener dinero, hay que tener talento para usarlo correctamente y con propiedad administrativa para que el dinero alcance”, cuestionó De Viana.

110 embalses

En un análisis especial realizado por el investigador Douglas Rodríguez-Olarte para el Observatorio de Ecología Política, detalla que en Venezuela existen cerca de 110 embalses mayores, es decir aquellos que se caracterizan por tener presas o diques entre 5 y 15 metros de altura y capacidad para 3.000.000 de metros cúbicos de agua.

El 95% de estos embalses mayores se ubican al norte del río Orinoco, estado Bolívar, “donde la cuenca del río Apure contiene el mayor número de embalses y destacan las cuencas de los ríos Tocuyo, Tuy y Unare con el mayor número de embalses construidos (4)».

También hay cientos de embalses pequeños y miles de lagunas artificiales que se encuentran a los pies de las cordilleras de Mérida y de la Costa. 

Rodríguez-Ollarte asegura en su análisis que “esa enorme cantidad de estructuras artificiales (embalses) abastece con agua potable a decenas de millones de personas”, o al menos esa es la teoría.

El peor valorado

Durante el 2021 el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) realizó tres mediciones donde se determinó que el servicio de agua fue el peor valorado de ese año, según las personas consultadas.

Estas encuestas periódicas se realizaron en Caracas, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Barcelona, Valencia, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Porlamar, San Fernando de Apure, Punto Fijo y Mérida.

De acuerdo con el OVSP el primer estudio se llevó a cabo en enero de 2021 donde las opiniones negativas sobre el desempeño del servicio de agua ocuparon un 61,0% de respuestas.

En ese caso, las tres primeras ciudades obtuvieron más del 80% de valoración negativa sobre la calidad, iniciando con Punto Fijo (83,6%), Porlamar (82,6%) y Maracaibo (82,4%).

“Entre los ciudadanos que expresaron opiniones desfavorables sobre el funcionamiento del servicio de agua en sus hogares, casi la mitad (49,6%) aseveró que la inconstancia fue la principal razón de su valoración negativa”, se lee en el informe del OVSP.

No obstante, la falta del suministro a pesar de poseer tuberías también representó un porcentaje importante de respuestas (22,3%) entre el grupo de usuarios que opinó negativamente sobre el servicio de agua.

Las características organolépticas del recurso, como color, olor y sabor, también fueron otro motivo de calificación negativa, así como percibir residuos en el agua, ocupando un 17,2% de respuestas.

El segundo estudio se realizó en junio de 2021 y la valoración negativa de la calidad del servicio de agua ascendió a un 62,6%.

Sin embargo, las tres primeras ciudades arrojaron porcentajes entre el 70% y el 93%: Maracaibo (92,4%), Porlamar (81,1%), Barquisimeto (73,1%).

En esa ocasión, la inconstancia y la falta del suministro ocuparon valores similares al estudio anterior con el 48,3% y el 20,0%, respectivamente. Las características organolépticas representaron el 20,4% de respuestas.

En el tercer trimestre del 2021, en lo que respecta a la valoración negativa de la calidad del servicio de agua se marcó el porcentaje más elevado para septiembre con un 65,6% de opiniones en las doce ciudades evaluadas por el OVSP.

De los resultados que pudo recabar el observatorio se conoció que Maracaibo se mantuvo como la ciudad con las mayores deficiencias del servicio de agua con un 90,8% de las opiniones negativas, luego está Porlamar con el 84,6% y Barcelona en la tercera posición con el 79,9%.

“Como en los estudios anteriores, la inconstancia fue la principal razón por la que los usuarios opinaron negativamente sobre el servicio, pero con un 55,9% de respuestas, mientras que a falta del suministro ocupó un 16,4% y las características del recurso un 19,3%”, indicó el OVSP.

De acuerdo con los datos obtenidos por el observatorio concluyó que luego de una revisión diaria por parte del Observatorio de Medios y Redes del OVSP, el servicio de agua fue el segundo más reportado en comparación con los otros evaluados (electricidad, gas, aseo urbano y telecomunicaciones) con el 31,6% de registros durante el 2021.

Esta situación ha llevado a que muchas personas en el país adquieran el agua contratando camiones cisternas o deban comprarla embotellada.

Educar para no malgastar

El martes 8 de junio de 2021 la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Aguas, cuyo objetivo es unificar en un solo cuerpo la Ley Orgánica de Aguas y la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, ambas vigentes desde 2007.

Willian Gil Calderón, diputado y presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, indicó que la Ley plantea el subsidio cruzado, de manera que las tarifas no afecten a la población más vulnerable, sino que sean las industrias y las empresas comerciales las que soportan la mayor carga de pago.

Detalló que la Ley Orgánica de Aguas presenta un capítulo para estimular la conciencia colectiva en el uso del agua.

“Son muchos los estados en el país que duplican, incluso triplican el consumo per cápita de agua. Por tal razón, planteamos que se genere la consciencia en nuestro pueblo a través de la educación básica y superior para ahorrar el agua potable y evitar que sea malgastada”, manifestó Gil en esa discusión.

Por otro lado, el diputado José Luis Taly, indicó que el 95% de la población venezolana tiene problemas de escasez de agua en sus hogares.

En ese sentido hizo un llamado a las personas a no acostumbrarse a este problema.

La gente sigue padeciendo

A pesar de la aprobación de dicha ley la escasez de agua persiste en varias zonas del país.

Por ejemplo, habitantes de una comunidad cuyo nombre es Los Rastrojitos, en el municipio Iribarren, estado Lara, hicieron un llamado al gobernador de la entidad, Adolfo Pereira, para que realice un operativo allí y les surtan agua ya que no tienen reservas del líquido.

El llamado lo hicieron el viernes 18 de febrero de 2022 a través de Radio Fe y Alegría Noticias. Para ese momento tenían 15 días seguidos sin el servicio de agua.

Un problema similar reportaron los vecinos de Brisas del Aeropuerto en el centro-oeste de Barquisimeto, quienes dijeron el 18 de febrero que tenían dos semanas sin recibir agua, aunque el jueves 17 les comenzó a llegar, pero turbia y de color marrón.

Este problema de contaminación del agua afecta a unas 480 familias y pone en riesgo la vida de la persona que la consume, dijo Zaida Principal, habitante del sector.

María González, vecina del municipio Guajira, en el estado Zulia, aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que el servicio del agua es el más crítico allí. 

“El servicio de cisterna que da el Gobierno no pasa por algunas comunidades, entonces las personas optan por cavar pozos artesanales, otros cuando llueve tratan de almacenar esa agua de lluvia. Si vas en carreta a arrear (cargar) el agua se debe hacer tres veces: dos en la mañana y una en la tarde para el sustento del día”, dijo González.

Por su parte Maritza Menese, habitante del municipio Maturín en Monagas dice que allí llega el agua por 2 días y no llega más en una semana.

“Tenemos que resolver agarrando agua del caño. A diario tenemos que cargar agua. Hay un vecino que cavó un pozo artesanal, pero esa agua solo sirve para lavar, no para tomar. Agarramos una pimpina y nos vamos a la vía universidad, allí hay unos tubos, uno va agarra el agua para tomar de ahí para resolver”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Ibis Ruiz, vecina del municipio Valera, en el estado Trujillo, comunicó a Radio Fe y Alegría Noticias que a veces les cuesta mucho surtirse de agua.

“Es que se hace por sorteo. La comunidad es muy grande. No podemos tener agua para una semana”, dijo.

Detalló que cuando les llega el agua “viene revuelta”.

“Tenemos que hervirla, colarla como si fuera café para que quede como “estable». A veces cuando no tenemos agua tenemos que esperar la lluvia, si no, los que pueden compran el agua por cisterna. Esto vale 5 dólares y hay personas que no tienen esa cantidad de dinero”, relató.

Retomaron trabajos en Macuto

Para este trabajo periodístico Radio Fe y Alegría Noticias trató de comunicarse tanto con el ministro de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres como con el diputado y presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Willian Gil, pero no obtuvo respuestas.

En el caso del estado Lara el gobernador de esa entidad, Adolfo Pereira, sí ofreció una entrevista sobre el tema del agua, en este caso al medio de comunicación Globovisión, donde afirmó que la población que tiene más problemas con el agua en Lara es Barquisimeto y que para el 15 de marzo deben resolver la situación para el casco central.

«Yo creo que ahorita con la victoria temprana que vamos a tener con el sistema Macuto, donde está la base del acuífero del Valle del Turbio, allí hay 8 pozos de agua profunda de los cuales en su condición óptima podemos tener 650 litros de agua por segundo. Habíamos rescatado estos 8 pozos con la almiranta Carmen Meléndez, pero vino la pandemia, la afectación eléctrica y esto trajo como consecuencia el descuido de estos pozos. Lo estamos retomando y esto va a tener como consecuencia positiva que a mediados de marzo nosotros podamos otra vez levantar esos 650 litros por segundo. Quiere decir que el centro de Barquisimeto va a ser abastecido», declaró el gobernador.

Llega agua sedimentada

José De Viana, también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) criticó la postura de las autoridades del Estado de culpabilizar a la naturaleza por la turbidez que llega el agua a los hogares venezolanos.

Indicó que el agua que se distribuye debe ser completamente transparente porque la presencia de cualquier elemento o sustancia que se observe quiere decir que no fue tratada correctamente.

“Hay unas plantas de tratamiento en mal estado y por lo tanto no están haciendo su trabajo. La pregunta es ¿Cuándo van a arreglar las plantas de tratamiento para que funcionen correctamente?”, preguntó De Viana.

El ingeniero civil agregó que existe una insuficiencia en los reactivos necesarios para el tratamiento del agua, “la producción de cloro como del alumbre se ha detenido, los cuales anteriormente abundaban. Entonces hay unas plantas potabilizadoras que no trabajan con los reactivos necesarios”.

Por otra parte, dijo que los elementos mecánicos se han dañado y no son reparados.

“Al agua están dejándola pasar prácticamente sin tratarla. No hay que construir ninguna planta nueva, hay que reparar las que ya tenemos”, aseveró.

Un derecho humano

María Eugenia Gil, miembro fundador de la Fundación Agua Clara indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que las fallas del servicio del agua potable es una violación a todos los derechos humanos, porque si no se goza de este servicio, costará mucho disfrutar o ejercer los demás derechos.

“Si tú no tienes agua y no te puedes lavar las manos frecuentemente ni para prevenir la COVID-19 entonces estas a riesgo de otra cosa, es decir, hay una cantidad de problemas, no tiene agua para bañarte, limpiar, cocinar…”, denunció.

Para la especialista en temas ambientales y derechos humanos más allá de las consecuencias de no tener un servicio de agua frecuente, el problema es el encarecimiento de un producto que se privatiza por vía de particulares, y que es necesario que la ciudadanía se comprometa con la exigibilidad de sus derechos.

“Tenemos que tener en cuenta en primer lugar ¿Cómo disponemos de ese recurso?, ¿Cómo se están usando los recursos hídricos?, ¿Cómo se distribuye?, ¿Cómo se desinfectan?, es allí donde cada ciudadano debe tener la mejor información al momento”, expresó.

Para Gil, si bien garantizar el servicio de agua corresponde al Estado, el ciudadano debe organizarse así sea en mesas técnicas de agua, pero alguien debe empezar a preguntarse y cuestionar.

“De esa manera se fortalecería el tejido social, para poder exigir con conocimiento”, puntualizó.

El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que Venezuela es miembro, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, los cuales calificó como esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

En Barquisimeto como en La Guajira, Trujillo, Monagas o Caracas las personas sueñan que un día pueden quitarse el sudor del trabajo bañándose con agua limpia de la regadera. Ansían no tener que hacer colas para llenar varios botellones de agua, cargarlos en las manos y el último echárselo “al lomo”, luego sortear varios, cientos, de escalones hasta llegar a casa y colocarlos en cualquier sitio. Quieren, un día, saciar su sed bebiendo agua clara del grifo, como veían en las películas que pasaban en la televisión hace unos años.

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Para el año 2005 el gobierno nacional encabezado por Hugo Chávez Frías anunció la construcción de la «gran obra». La ampliación de la Cota Mil hasta el estado La Guaira sería construida en tres grandes obras.

El túnel Baralt

Estaría constituido por dos galerías gemelas de casi tres kilómetros, separadas por 30 metros, en las cuales se insertan dos carriles de circulación con sentido único de tráfico, hombrillo y aceras. Las etapas de construcción comprenden excavación y sostenimiento por etapas, drenaje, impermeabilización, revestimiento definitivo, pavimentación e instalaciones electromecánicas y de seguridad. Entre las galerías se prevé hacer salidas de emergencias para peatones y enlaces transversales para emergencias.

El distribuidor Macayapa

Se levantaría en la entrada del sector Blandín, frente al barrio Federico Quiroz de Gramovén, parroquia Sucre. La obra se completaría con cuatro puentes de enlaces con la autopista Caracas-La Guaira en distintas direcciones: Boyacá-Catia, Boyacá-La Guaira, La Guaira-Boyacá y Catia Boyacá.

El viaducto Tacagua

Sería una estructura mixta de acero y concreto de características similares a las del viaducto número 1. Tendría una longitud aproximada de 1.852 metros y será construido sobre el valle de la quebrada Tacagua, alcanzando una elevación promedio de 60 metros sobre su lecho. Este trayecto estaría permitiendo a quienes se desplacen desde las poblaciones de Guarenas y Guatire enlazar con la ruta que conduce al litoral mediante una sola vía.

Nos atrevemos a contar un poco de la icónica obra conocida como la Cota Mil y los vestigios de la construcción de la ampliación hasta el antiguo estado Vargas, hoy estado La Guaira.

Para no olvidar

En 1938 el Gobierno Nacional contrató a un grupo internacional de arquitectos urbanistas, que presentaron un plan para el desarrollo de la ciudad conocido como ‘Plan Rotival’, donde se proponía la construcción de ‘La Carretera al pie del Ávila’, hoy conocida como la avenida Boyacá o Cota Mil.

Luego, en 1951 se construyó el primer tramo del Plan Rotival o de la Carretera al pie del Ávila «Tiro al Blanco-Maripérez», para facilitar la construcción del teleférico. El Plan Rotival fue uno de los más ambiciosos planes para la modernización de la ciudad de Caracas planteado por la administración del General López Contreras.

El 18 de octubre de 1973, el presidente Rafael Caldera inauguró la avenida Boyacá, con una longitud de 14,5 kilómetros. 

Terminado este tramo de la obra, plantearon la necesidad de culminar la avenida construyendo su enlace con la autopista Caracas-La Guaira y el sistema La Planicie, denominado Tramo Baralt-Catia o Prolongación de la avenida Boyacá. 

En el segundo periodo presidencial de Rafael Caldera (1994-1999), se intentó reactivar el proyecto para culminar la ampliación de la Cota Mil hasta empalmar con el viaducto de La Guaira, pero la resistencia de las familias que habitaban los terrenos que debían ser afectados, no permitió que se arrancaran los trabajos y estos quedaron paralizados”.

La lucha vecinal pudo más que las intenciones gubernamentales, pues pretendían desalojar a más de 700 familias para reubicarlas en otros estados del país.

Llegó Chávez con nuevas promesas (1998)

El año 2005 el presidente Chávez convocó a un concurso con el propósito de terminar la nueva autopista al litoral. La empresa ganadora fue el consorcio Teixeira Duarte. Seis años más tarde, el 16 de julio del 2011, Hugo Chávez aprobó 1.032 millones de bolívares fuertes, es decir 5.217.918,89 $ para culminar la obra, con la esperanza de poder inaugurarla en el 2015.

En el 2011 era ministro de Transporte y Comunicaciones Francisco Garcés quien, en el mes de septiembre, afirmó que ya se había comenzado el proceso de licitación para ejecutar la obra.

Los trabajos de esta nueva etapa se iniciaron en enero de 2012, con la contratación del consorcio empresarial portugués Teixeira Duarte, que al cabo de un corto tiempo no cumplió con totalidad la obra.

La empresa Teixeira Duarte solo avanzó con la excavación de 30 metros de los túneles, la construcción de las pantallas de contención de elementos rocosos y la canalización de riachuelos provenientes del parque nacional Waraira Repano.

Esta empresa liquidó sorpresivamente a 1.400 trabajadores alegando falta de presupuesto. La mayoría de estos trabajadores prestaron servicio por 11 meses y provenían de las parroquias cercanas, San José, Sucre, La Pastora y Altagracia.

Se fue Chávez, llegó Maduro… ¿y la obra? (2013)

Hugo Chávez falleció el 5 de marzo del 2013 y la responsabilidad de culminar estos trabajos recayó sobre el nuevo presidente Nicolás Maduro. El 4 de junio de ese año, durante un acto en el estado Vargas, Nicolás Maduro anunció que estaban buscando todos los recursos en el mundo para completar la obra “que necesita la patria”.

Nuevo ministro y nuevas promesas

Dos años pasaron y en el 2015 llegó Haiman El Troudi, como ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas. Se encargó nuevamente de la emblemática obra. Él anunció que la prolongación de la arteria vial registraba un 30% de avance y que su primera fase sería inaugurada en septiembre de ese mismo año. 

La promesa se la llevó el viento, alegaron la hiperinflación y la caída de los precios del petróleo.

La administración de Nicolás Maduro en 2015 reactivó la ampliación de la Cota Mil, sin informar, públicamente, las razones por las cuales los trabajos fueron paralizados. Tampoco dieron a conocer las inversiones realizadas con los recursos aprobados por el presidente Hugo Chávez. Tampoco explicaron por qué volvían a incluir a la trasnacional Teixeira Duarte.

El Troudi también aseguró que diariamente perforaban cinco metros y el alcance estaría en 1.800 metros. Precisó que la obra generaba 1.400 empleos directos y 4.200 indirectos, y que la inversión era de 5.600 millones de bolívares fuertes,  28.384.611,48 $ en esa fase. 

“Cuando este túnel esté listo para su inauguración en el año 2016, los invito a recorrer desde cualquier punto de la Cota Mil hasta La Guaira, sin interrupciones. Esta obra va a tener un moderno sistema de monitoreo, ventilación, iluminación, control de vehículos, entre otras tecnologías”.

Haiman se fue a la constituyente y la obra volvió a quedar en el olvido.

2017 ahora sí

El 4 de enero de 2017, Nicolás Maduro decidió dividir el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en dos ministerios diferentes, nombrando como ministro de Obras Públicas a César Alberto Salazar y como Ministro de Transporte Terrestre a Ricardo Molina.

Al asumir su cargo como Ministro de Obras Públicas, César Alberto Salazar señaló que para ese mismo año 2017 tenían previsto la reanudación de los trabajos de la Cota Mil. Salazar duró un año y medio en el puesto y no pudo resolver. Afirmó que estaban “estableciendo los contactos pertinentes para evaluar el estatus de la obra y las acciones para garantizar la continuidad de los trabajos”.

Sobre los motivos de la paralización de la ampliación de la Cota Mil, Salazar explicó que se debió a la caída de los ingresos de la nación: “Hay que entender que tuvimos un 2016 muy difícil, que en algunos casos nos obligó a detener la inversión en algunas obras. ¿Y esto para qué? Bueno, para priorizar la inversión en otros sectores como la salud y la alimentación”.

La ampliación de la Cota Mil hasta la autopista Caracas- La Guaira quedó en las mismas condiciones. 1.800 metros excavados y muchas herramientas de trabajo bajo las aguas. 

Después vino la ministra Marlenys Contrera y pasó sin pena ni gloria. La obra siguió igual, paraliazada.

Desde agosto de 2019 el ministro de Obras Públicas es Raúl Antonio Paredes y tampoco ha dado información sobre el proyecto.

“Esa obra es un elefante rojo”, señalan los habitantes de San José y La Pastora, que viven cerca del lugar.

2021 y ahí está el elefante Rojo: Huérfano y sin dolientes

Los trabajos de ampliación de la avenida Boyacá se encuentran abandonados y el pueblo venezolano no recibe una explicación certera sobre los recursos invertidos, ni sobre cuándo culminarán los trabajos.

Desde el distribuidor Baralt se aprecia la boca de los túneles gemelos completamente oscuros con una montaña de tierra y piedra en la entrada. A los lados y en el interior están colgando una gran cantidad de cables. 

Por el estrecho camino que lleva a la obra paralizada se ven los armazones de hierro. andamios, material de construcción

Del campamento de trabajadores que allí se había instalado, no queda nada. Tampoco queda ni uno de los 5.600 trabajadores que laboraban en la obra.

El piso de los túneles es una especie de área movediza: hay mucha agua. Las paredes están afectadas por filtraciones. Hace frío en el día y mucho más en las noches.

Huele a humedad, lo que hace suponer que no hay filtraciones de aguas servidas y que el agua que inunda los espacios proviene de los riachuelos que bajan de El Ávila.

Dicen los vecinos de las zonas cercanas que dentro de los túneles todavía hay abandonados varios equipos utilizados para las excavaciones y que permanecen bajo las   aguas. Del otro lado, hacia la autopista Caracas-La Guaira, también se observan una serie de estructuras a medio construir.

Los vecinos que van al lugar a buscar agua, cuentan que la delincuencia arrasó con todos los materiales que quedaban en la obra: cabillas, lozas, arena, cemento, cables.

A la obra le nació el barrio El Cardón

La progresiva paralización de las obras generó especulaciones: “algunos trabajadores decían que, por falta de dinero, otros señalaban que al realizar las excavaciones se encontraron con muchos afluentes de agua provenientes del Ávila, que no podían canalizar y que formaron una gran laguna allá adentro y que no sabían cómo resolver ese problema”.

Lo que sí no admite especulación alguna es el hecho evidente de que los caraqueños no tendrán posibilidad de llegar desde la Cota Mil hasta La Guaira en menos de 10 minutos, al menos durante un buen tiempo. Y tampoco se sabrá el destino de los recursos aprobados. 

Se estima que el proyecto de prolongación de la avenida Cota Mil, en Caracas, desde Cotiza a Maiquetía, ha consumido 10.000 millones de dólares, luego de varias paralizaciones temporales.

La obra está abandonada. Ni Chávez, ni Maduro, ni las empresas contratadas cumplieron lo ofrecido. 

¿Dónde están los reales?

Hoy la gente de las zonas vecinas acude al lugar a buscar agua y de vez en cuando a echarse chapuzón en los pozos que allí se formaron.

Algunos miran con tristeza que dentro de estos túneles abandonados viven al menos tres familias enteras que sueñan con la asignación de una vivienda digna por parte del Estado venezolano.

La entrada Sin luz al final de los túneles de la Cota Mil se publicó primero en Radio Fe y Alegría Noticias.

El puente atravesaría el Lago de Maracaibo desde Santa Cruz de Mara en el municipio Mara, hasta Punta de Palma en el municipio Miranda, desde donde se conectaría con la carretera Lara – Zulia. Este puente serviría para el transporte de mercancía a diferentes partes del país. También serviría para desahogar el puente “General Rafael Urdaneta”, congestionado por la gran afluencia de vehículos que existía en esa época. 

Este nuevo puente uniría la Costa Oriental del Lago con la Costa Oriental. Los pobladores del municipio Mara esperaban que este puente facilitará la vida a la hora de trasladarse, así lo dijo a Radio Fe y Alegría Noticias, Eduardo Daboin.

¿Cuándo se empezó a construir el puente y desde cuándo debería estar funcionando? 

En el año 2005, Hugo Chávez anunció la obra. Para la ejecución se firmó un acuerdo con la empresa brasileña de Marcelo Odebrecht. Serían 11 kilómetros de puente más una línea ferroviaria. Un tramo de 852 metros sería un túnel sublacustre, es decir, iría por debajo del agua. “Escríbanlo, lo vamos a hacer”, dijo Chávez. 

Además, se construirían otros 42 kilómetros de vías para mejorar las carreteras del Zulia. 

El puente debió estar funcionando desde el año 2010, según el primer convenio, pero no ocurrió. Ese año, el entonces ministro de obras públicas, Diosdado Cabello informó que la empresa (Odebrecht) tuvo que pedir ayuda a un país europeo para hacer el proyecto, porque era una obra bastante complicada.

¿Cuánto cuesta el puente? 

Hubo varios anuncios sobre los montos aprobados para construir el puente. 

Algunos fechas y anuncios: 

• 2006: inicio del plan de inversión por 152 mil millones de bolívares que serían aportados por el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden)
• 2010: el ministro de obras públicas Diosdado Cabello informó que el proyecto tendría un costo de 4 mil millones de dólares. 
• 2013: el ministro de obras públicas Haiman El Troudi informó que se estaban invirtiendo 3 mil 400 millones de dólares y que el puente estaría listo en el año 2020.
• 2014: el ministro El Troudi informó la instalación de 4.078 pilotes en el lago a una profundidad de 52.5 metros. También anunció la inversión de 77 millones 866 mil bolívares.
• 2016: el presidente Nicolás Maduro anunció la inversión de 126 mil millones de bolívares para obras públicas, en las que incluía la construcción del puente Nigale. 

En el año 2016 estalló el caso “Lava Jato”, que arrastró a la empresa brasileña Odebrecht y con ellos, se esfumó la construcción de este puente, por ahora. Cabe destacar que los montos señalados en la lista anterior fueron parte de anuncios públicos realizados en medios de comunicación. No es posible precisar si solo fueron anuncios o si por el contrario se trata de dinero transferido a empresas y ejecutado.

La evidencia concreta es que el puente Nigale no existe. No fue construido. Esta imagen de Google Maps, capturada en julio de 2021 muestra solo algunos pilotes sobre las aguas del Lago de Maracaibo. 

Según la investigación periodística “Nigale invisible” en la obra se ha invertido el equivalente a 24 mil 614 millones 671 mil 024 dólares con 13 centavos. (24.614.671.024,13). Una cifra que contrasta con los mil millones de dólares que se invirtieron en los 3 kilómetros del puente Orinoquia, en el estado Bolívar.

“La verdad sería un beneficio para toda la zona de la Guajira, es prácticamente la única manera de comunicar (los municipios) Mara, Padilla, con la zona de la Costa Oriental del Lago, era una manera de abrir una posibilidad mucho más fácil para la zona de la Guajira para estar en contacto con el resto del país sin necesidad de tener que transitar por Maracaibo o San Francisco”, explicó. 

Actualmente, para viajar desde la zona norte del estado Zulia a otros estados del país hay que atravesar los municipios San Francisco y Maracaibo para usar el puente Rafael Urdaneta, un recorrido de casi dos horas. 

Con la construcción del puente Nigale, los conductores podrían viajar a Barquisimeto u otros estados del país directamente desde la Guajira y sin atravesar las zonas más pobladas del Zulia. 

¿Por qué se paralizó la obra? 

Por su parte, Yessica Sánchez, también habitante del municipio Mara expresó que no se enteraron por qué la obra se paralizó, “ya han pasado varios años y ha permanecido con la misma infraestructura, ¿Qué pasó con el presupuesto que dio el gobierno?, no sabemos”, dijo.

El gobierno venezolano realizó una alianza con la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., para ejecutar el puente “Cacique Nigale” y otras obras en el resto del país. Odebrecht se conoce por sus obras inconclusas y actualmente paralizadas y además, por estar envuelta en tramas de corrupción a nivel internacional. 

Sobre esta obra, el coordinador de la organización Transparencia Venezuela en el estado Zulia, Jesús Urbina, indicó que al menos hubo un contrato inicial por 474 millones de dólares, que ellos pudieron comprobar a través de sus investigaciones. 

“…El anuncio de Chávez fue de 150 mil millones de bolívares en el año 2006 que fueron anunciados, a lo mejor nunca gastados e invertidos pero si anunciados, eso hacían 25 mil millones de dólares”, detalló Urbina. 

¿Se realizó el desembolso de ese dinero?, ¿Odebrecht cobró y no ejecutó?, no se sabe. 

Además, Urbina agregó que actualmente “no queda nada escrito, o algo que sea de acceso público en este momento”, en relación a la construcción de esta importante obra. 

¿Corrupción milmillonaria?

En el año 2020 el exdiputado a la Asamblea Nacional, Avilio Troconiz denunció, a través de los medios de comunicación, que el presupuesto aprobado para ejecutar el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo estaba en 2 mil 100 millones de dólares. Además, en una visita que realizó el parlamento a esta construcción, junto a un grupo de inspectores, determinaron que la inversión en la obra no supera los 50 millones de dólares. En el terreno solo hubo movimiento de tierra y se colocaron los pilotes sobre los que se sostendría el puente. Según los expertos consultados por el diputado, lo que hay no se corresponde al monto anunciado 

En el 2017 Troconiz, junto a Julio Montoya asistieron a la sede de la Fiscalía del Ministerio Público para exigir una investigación profunda de los recursos asignados y no ejecutados. 

Antes, en el año 2016, el diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia por Voluntad Popular, Lester Toledo, cantó el cumpleaños en el Puente Nigale al cumplirse 10 años de la promesa. 

Aseguraba que del fondo gubernamental del 2006 – 2008 “se aprobaron 152 mil millones de bolívares para construirse esta obra, en el 2006 se aprobaron 57 millones de dólares más, y estos 152 millones de bolívares y 57 millones de dólares solo sirvieron para colocar una piedra, que se convirtió en la piedra más cara del mundo porque es lo único que hay”, advertía Toledo. 

Hasta la fecha, diputados de la Asamblea Nacional y organizaciones como Transparencia Venezuela no han logrado precisar cuánto dinero realmente se invirtió en el puente. ¿Cuánto se ejecutó?

La obra solo avanzó un 16.75% 

En febrero del 2017 los coordinadores del capítulo zuliano Transparencia Venezuela, junto a los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilson Souza de Oliveira fueron detenidos por funcionarios del SEBIN cuando regresaban de la obra del Puente Nigale, donde recopilaban información sobre esta obra. Posteriormente fueron todos liberados y los periodistas brasileños deportados de forma inmediata. 

Se presume que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil había invertido alrededor de mil millones de dólares en el puente, que luego serían recuperados por impuestos u otros convenios con el gobierno venezolano. “No teníamos claro si (ese dinero) era solo para el proyecto del Puente Nigale o se distribuiría en otros proyectos de Odebrecht”, agregó Urbina. 

Justamente dos meses después de lo ocurrido, el periodista Urbina señala que se produjo una Inspección del Tribunal por órdenes de la Procuraduría General de la República al Puente Nigale para evaluar sus condiciones. 

Los miembros del Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Mara, Almirante Padilla y Páez (todavía en ese tribunal llaman Páez al municipio Guajira) conformado por la jueza Jackeline Torres Carrillo, la representante de la Procuraduría General de la República la abogada Vanessa Sabala Reyes y un práctico fotógrafo hicieron la inspección de la obra el 24 de mayo del 2017. 

“El tribunal deja expresa constancia con el asesoramiento del Práctico en Obras Civiles que acompaña en la inspección, ciudadano Rodrigo Manuel Rangel Peña… se constata que el porcentaje de avance físico de la obra a esta fecha, es de 16,74%… por otra parte, afirma el experto antes nombrado, que la obra está activa, pero sin avance, realizándose labores de mantenimiento y preservación tanto de la obra como de los equipos e infraestructuras.”, señala el documento obtenido por Transparencia Venezuela. 

“En el año 2017 iba 16,74% de la obra y ese año la constructora Odebrecht retiró su personal, y retiró buena parte de sus materiales, eso lo dejaron sin vigilancia desde mayo del 2017 hasta hoy”, agregó el periodista Urbina.

La promesa de campañas electorales

Para el 2013 el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Haiman El Troudi,  durante una inspección que realizaba en la obra aseguraba que para el 2018 se estaría inaugurando dos canales de venida más un hombrillo para los vehículos y las dos vías férreas… 

“…Allí tendremos 12 kilómetros de puente como no existe en otra parte de Latinoamérica y estas son excelentes noticias para Maracaibo”, informaba el ministro acompañado del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, el alcalde de Mara, Luis Caldera y el candidato a la Alcaldía de Maracaibo, Miguel Pérez Pirela. 

Lo cierto del caso es que el puente no está. No estuvo en 2010, primera fecha prometida y tampoco en 2020, segunda fecha prometida. 

¿Dónde está el Puente?, el puente no está. No existe. No fue construido.

Nigale: un puente necesario 

El presidente de la Sociedad de Transporte y Vialidad del estado Zulia (Sotravial), adscrito al Colegio de Ingenieros, Cipriano Hernández,  en conversación con Radio Fe y Alegría Noticias explicaba que ese puente tiene todas las características para reducir la dependencia del puente Rafael Urdaneta, es decir, ampliar la capacidad de transporte. 

Además, que el desarrollo económico determinaba que era necesaria una vía alterna sobre el Lago de Maracaibo. 

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El ingeniero Hernández coincide con los pobladores de Mara y los integrantes del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela en un aspecto; no conoce más detalles sobre la obra porque los voceros oficiales no manifiestan ningún tipo de información sobre el Puente Nigale. 

“Te puedo decir por esta vía, de que eso cayó en un limbo, eso era una obra que actualmente no tiene presupuesto ni dirección, prácticamente ni se vislumbra un trabajo cierto… sin embargo, me preocupa el estado actual de esa obra, no explican ni lo que sucedió con la inversión”, indicó. 

Agregó que el Colegio de Ingenieros participó en las discusiones sobre la ubicación del lugar donde se construiría el puente Nigale, un proyecto que a su juicio, “le daba amplitud de desarrollo al estado Zulia”. 

El puente Nigale se esfumó en la aspiración de modernidad a la que fue sometida Venezuela durante la primera década de este siglo. Al igual que el sistema ferroviario nacional, o el tercer puente sobre el río Orinoco, estas obras ahora forman parte del monumento de lo que se dijo que se iba a hacer, pero no se hizo. De lo que se ofertó, de lo que se prometió, pero no, no hay ni trenes ni puentes facilitando la vida a los ciudadanos del país. Los habitantes de Mara seguirán esperando y seguirán atravesando casi todo el estado Zulia para poder cruzar el lago y sentirse parte de Venezuela. 

La entrada Nigale: el segundo puente sobre el lago que no se construyó (multimedia) se publicó primero en Radio Fe y Alegría Noticias.

La sal a granel es extraída desde hace más de un siglo en las costas del municipio Cruz Salmerón Acosta, del estado Sucre. Este proceso que inició de forma manual por los pobladores de la península de Araya, se industrializó en 1915 con el gobierno de Juan Vicente Gómez, y se convirtió en la mayor fuente de empleo de los arayeros.

Entre 1970 y 2015, la sal que era producida en Araya no solo abastecía al mercado interno del país, sino que llegaban embarcaciones al muelle de la empresa y cargaban hasta 35.000 toneladas para llevarlas a naciones como Canadá, EEUU y Guyana.

En la época de la conquista y la colonia, barcos holandeses atracaban en los puertos y cargaban sal por toneladas, escribe el cronista Clemente Balladares Castillo para la sociedad de Ciencias Naturales de La Salle. 

Históricamente las ganancias generadas por las ventas del mineral beneficiaban a los trabajadores y a los habitantes de la península de Araya. A través del aporte social realizado por las empresas encargadas del negocio se construyó el liceo de Araya, surgió el barrio Ensal, se dotaban de medicinas y equipos al Hospital y a los dispensarios de la región.  

En la actualidad, los recursos generados por la explotación de la sal solo benefician a un pequeño grupo de personas que viven muy lejos de estas tierras. Asegura un grupo de  trabajadores que no saben para quién laboran, debido al cambio de nombre que recibe constantemente esta compañía.

Junto a Irvin hay otras 35 personas que todos los días sacan entre 18, 20 o 30 toneladas de sal, que luego los dueños de la empresa llevan a la refinería. Todos trabajan con pico y pala, en chancletas, sin cascos ni seguro médico. A veces, dice Irvin, tienen que salir a las 12 de la noche para extraer uno o dos sacos de sal para venderlos por su cuenta para poder llevar comida a sus casas. 

“Nos llevan presos por un saco de sal”, asegura. 

Irvin Carreño.

¿Qué es la salina?

Es una zona del estado Sucre en la que existe la Laguna madre, de ahí se saca sal natural, se conoce como la unidad 1. La unidad 2 es la de separación, antes era para producir la sal de forma artificial. A unos dos kilómetros, cruzando el centro de Araya, están la unidad 3 para elaborar la sal de consumo humano y la unidad 4, conocida también como la molienda, donde se elaboraba salazón y sal de consumo animal. También se encuentra el muelle por donde cargaban la mercancía los barcos . 

¿Quién administra la explotación de sal?

Gregory Rivero, obrero de las salinas, recordó que la explotación de la sal pasó a manos de la Gobernación de Sucre en 1995, quien ese mismo año otorgó una concesión a Tecnosal, la cual creó la empresa Salinas de Araya C.A. Posteriormente, en 2001, la administración de las salinas la realizó el Servicio Autónomo de Araya (Sacosal), y en 2009 pasó a Pdvsa, que creó la Empresa Nacional de Araya (Enasal).

El trabajador puntualizó que con cada cambio de nombre se iba bajando la producción y los beneficios a los trabajadores. “En los últimos cinco años solo hemos recibido promesas y más promesas”, dijo.  

¿Alianza destructora?

En marzo de 2020, “un nuevo cambio”, la gobernación de Sucre a través de la Corporación Socialista de Desarrollo del estado Sucre (CorpoSucre), entregó la concesión a la empresa Alimentos San Ignacio para que se encargara de la explotación de la sal en las salinas de Araya. Los trabajadores aseguran que desde ese mismo año la producción de sal para el consumo humano se encuentra paralizada, y más del 90% de este complejo salinero, que en 1998 alcanzó una producción de 441.000 toneladas, está en ruinas. 

Los obreros y empleados afirman que viven en miseria y no son dotados de uniformes, ni equipos de bioseguridad para laborar en medio de la pandemia. Además, denuncian que en los dos últimos meses trabajadores de CorpoSucre están picando con equipos de corte partes de las máquinas para luego venderlas como Chatarra.

“Desvalijaron cuatro payloaders, montacargas, jumbor y camiones volteos. Equipos que eran recuperables, pero lamentablemente por falta de inversión no se repararon”, expresó Oscar Patiño, un obrero, advirtió  que se perdieron los rollos de plásticos para empaquetar sal con la identificación de la empresa. «Acabaron con las Salinas de Araya»

Richard Castillejo, vocero del Sindicato que agrupa a estos obreros, explicó que cuando se firmó la alianza estaba activa la unidad 3. En este lugar  se empacaba sal para consumo humano de un kilo y sacos de 25 kilos de sal refinada, refinada extrafina y refinada gruesa.

Además, funcionaba la unidad 4 conocida como La Molienda, en donde se producían sacos de sal de 25 o 50 kilos de salazón y sal industrial de granos gruesos. “Se comprometieron a realizar una inversión para mejorar y lo que hicieron fue paralizar la producción”. 

Igualmente, Arnaldo Salazar señaló que desde inicio de 2020, cuando esta compañía tomó la administración, solo se están procesando unas 200 toneladas de sal en bruto diariamente en la unidad 1, de la Laguna Madre.

El trabajador consideró que es un total fracaso la alianza entre San Ignacio y CorpoSucre. En condiciones óptimas la empresa podría procesar 450 mil toneladas de sal por año. Hoy no los produce y no hay certeza de cuánto se produce. 

“Hay un yacimiento de 300 mil toneladas, lo que llaman piso salino. Se está sacando sal a pico y pala, como no se hacía desde 1970 cuando se industrializó esto”, reflexiona el trabajador.

Robos y falta de inversión

Otro trabajador, que solicitó el resguardo de su nombre  para evitar represalias en su contra,  advirtió que la empresa se está cayendo a pedazos y se encuentra en total ruina. Los equipos están oxidados e inservibles. “La unidad de lavado, la laguna madre, en donde se procesaban dos mil toneladas diariamente, también está inoperativa. Ahorita no se lavan ni trescientas toneladas al día”, contó.

Detalló que debido a la falta de vigilancia ha habido una serie de robos que, unidos al deterioro y a la falta de mantenimiento de las máquinas, se dejó de producir la sal -para el consumo humano e industrial- que era comercializada en el mercado nacional.

“Se robaron el cable de energía eléctrica y el arranque del montacargas. Después, se llevaron parte de la máquina cosedora que se encargaba de coser los sacos, y luego la cinta transportadora del material”, dijo.

“¿Quién se está robando los equipos de aquí?», se preguntó este hombre. 

Mueren sin recibir prestaciones

El presidente de la Asociación de Pensionados de los trabajadores de las salinas, Aníbal Núñez,  informó que 23 personas han fallecido esperando el pago de sus prestaciones sociales. Especificó que la empresa jubiló en 2008 a 77 trabajadores, de este grupo fallecieron 20 y de los últimos 154 jubilados en 2020 murieron tres.

Núñez informó que la gobernación de Sucre es la que debe hacer el pago de estos pasivos laborales, debido a que desde 1995 están manejando el negocio. En los últimos 26 años la gobernación de esta entidad ha administrado de forma directa o indirecta la explotación del mineral en Araya.

El vocero de los extrabajadores, indicó que en una mesa de negociación con Hugo Cabezas, representante de la empresa Alimentos San Ignacio, se lograron beneficios para estos abuelos, con los cuales están comprando algo de medicinas y alimentos.

“Cabeza es un hombre humanista. Desde el año pasado (2020), los jubilados reciben un sueldo igual al de los trabajadores activos. Además, un bono equivalente a unos  diez dólares mensuales”, expresó Núñez, quien recordó que entre los años 1970 y 1980 los trabajadores de las salinas gozaban de un contrato colectivo que junto a los de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) eran los mejores  pagados de Venezuela.

Asamblea Nacional investiga las salinas

El diputado del estado Sucre ante la Asamblea Nacional (AN), Erick Mago, quien pertenece a la comisión de contraloría del parlamento, el pasado 16 de junio de 2021 se reunió con los trabajadores de las salinas para obtener datos con el fin de alimentar un informe para presentarlo ante sus colegas parlamentarios.

“Es notorio que no hay ningún tipo de inversión”, dijo Mago, explicó que esta compañía debió presentar un plan de inversión al Estado. “Si tenemos un país bloqueado y un conflicto económico debemos activar el aparato productivo. No se entiende como se hace una alianza estratégica con la empresa privada y hasta ahora no se ha realizado ningún tipo de inversión”, agregó.

Luego de la visita de Mago a la península, William García, representante de Alimentos San Ignacio, el lunes 28 de junio de 2021, contrató unos 60 hombres de las comunidades de Araya que se activaron con la explotación manual de la sal; con picos, palas y carretillas en las orillas de la laguna madre.

“Hemos retrocedido más de 40 años en el tiempo. Una vez que extraigan esa sal y se vaya esta gente vamos a quedar en ruinas”, exclamó Ángel Núñez, un trabajador activo.

Núñez culpó a la gobernación de Sucre y al Sr. Hugo Cabezas de esta debacle en la que se encuentran las salinas de Araya. Explicó que una vez que se termine esta sal, no hay forma de volver a cosechar en la laguna madre porque las plantas de bombeo de agua de mar, que son indispensables en este proceso, están inoperativas.

Mientras la Asamblea Nacional finaliza su investigación y CorpoSucre junto a la empresa Alimentos San Ignacio buscan estrategias para elevar la producción y seguir con la explotación de la sal, los trabajadores de las salinas de Araya y sus familiares están enfermos, pasando hambre, viviendo momentos muy duros y algunos mueren sin recibir sus prestaciones sociales, como lo establecen las leyes venezolanas.

Mientras que la burocracia investiga, Irvin Carreño sigue ahí, en chancletas, sin casco sacando sal con un pico, como si estuviéramos en la época de la conquista y él fuera un esclavo.

La entrada «Acabaron con las Salinas de Araya» (multimedia) se publicó primero en Radio Fe y Alegría Noticias.

Luego, en 2010, durante una visita a la empresa Enercon, una de las principales fabricantes de aerogeneradores de energía eólica en Portugal, dijo sobre las energías limpias: «es la energía del futuro y nosotros queremos tenerla en Venezuela».

Los combustibles fósiles son el recurso formado a partir de materia orgánica más accesible para la civilización, pero es más dañino para el planeta Tierra. Por su alta contaminación, el mundo avanzó hacia la llamada revolución verde.

Es por ello que bajo el fundamento de proteger al planeta se enmarca la agenda 2030 de las Naciones Unidas con el objetivo de, entre otras cosas, disminuir el uso de emisiones de gases de efecto invernadero. De allí surge el compromiso que tienen los países por garantizar energía accesible y no contaminante.

«Para garantizar acceso universal a electricidad asequible en 2030, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y térmica», se puede leer en el Objetivo 7 de la agenda.

Pero el plan del Gobierno de Chávez, y su sucesor Nicolás Maduro, quedó en promesas, a pesar de que Venezuela tiene un gran potencial para la generación de energías limpias, según el mapa solar y eólico del Atlas Global de Energía Renovable (Irena) e ingenieros expertos en el tema.

Parque Eólico de la Guajira y otros cuentos

Venezuela invirtió alrededor de 420 millones de dólares para la creación del Parque Eólico de la Guajira y el de Paraguaná. De esa inversión, hoy lo que queda es una estructura sin terminar y unos generadores de turbina de viento que han sido cazados por el hampa con el pasar del tiempo.

Con vientos estables y constantes de alta velocidad dotan a la región Guajira de un potencial de aprovechamiento a nivel suramericano, resaltó Alejandro López González, ingeniero electricista con doctorado en Sostenibilidad. Sin embargo, esto no ocurre.

Con el proyecto de la Guajira se pretendía alcanzar los 10 mil megavatios (MW) entre 5 a 10 años. Ya han ocurrido 8 años y ni un solo megavatio se produce en esa zona.

«La problemática del Parque Eólico de la Guajira fue que se otorgaron contratos a una única empresa que no era la más adecuada. Una empresa, que aunque tenía la capacidad técnica inicial, apostó por tecnologías dentro de la tecnología eólica que no eran las más pertinentes para los venezolanos», indicó Lopéz González.

«Desde un primer momento estaba condenado al fracaso», dijo el ingeniero electricista sobre el Parque Eólico de la Guajira, quien explicó que nunca existió una evaluación, un diagnóstico y plan de desarrollo eficiente.

«Esto no se evaluó. Este tipo de sistema no fue consultado, sino que la decisión se dio en la alta esfera política entre pactos intergubernamentales, fundamentalmente entre las presidencias de la República venezolana y la República Argentina», manifestó. 

López González resaltó que la tecnología eólica no es un fracaso, sino que lo que llevó al fallo del parque fue el hecho de que era un proyecto «mal planteado con muchas irregularidades», y que posteriormente un grupo de ingenieros denunció públicamente. 

«En mi caso se metieron diferentes informes al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, en aquel entonces el ingeniero Jesse Chacón Escamillo, quien hizo caso omiso a todas las observaciones técnicas que se realizaron sobre las desviaciones que definitivamente iban a conducir al fracaso del proyecto si no se toman medidas oportunas», denunció.

López no es el único que criticó el proyecto, pese a que era una idea muy buena. Toda base práctica está respaldada por una explicación teórica verificable, pero esto no pasó en Venezuela.

Según señaló el ingeniero Luis Cabrera, la ingeniería aplicada no fue calculada en este proyecto.

«La altura de los generadores, respecto a la velocidad del viento, no fue calculada para que esos generadores pudiesen dar la energía correspondiente a la zona donde ella iba a ser conectada», explicó a Radio Fe y Alegría Noticias.

«Cuando se inicia el proyecto de los parques eólicos estaba el ministro Jesse Chacón. Hay pruebas de que ese sujeto generó grandes saqueos dentro del Sistema Eléctrico Nacional. Los desastres empezaron casualmente en su gestión. Todo lo que es el sistema de distribución generación y transmisión empezó a generar grandes problemas en el país», comentó.

«Todos los proyectos, todas las obras, espacios de manejo del sistema eléctrico pasaban por ese poder central y ellos se encargaban de generar los saqueos a través de la corrupción, desviar fondos y recursos para que las obras no sé ejecutarán en pro y el beneficio de los ciudadanos», agregó.

Los que sufren las consecuencias 

La Guajira es de las zonas más afectadas del país por los cortes en el servicio eléctrico, los habitantes pasan horas o días «sin luz» y sin cobertura telefónica para poder comunicarse.

Según dijo Mary González, quien su familia vive a metros del Parque Eólico, a mediados del 2021 visitó a sus hermanos y pudo constatar que la infraestructura fue desvalijada. 

«No queda gran cosa», expresó González a Radio Fe y Alegría Noticias, al tiempo que aseguró que personas estarían hurtando lo poco que queda.

Su sobrina, Yexi Paola Guerra, habitante de la Guajira que vive a cinco «caseríos» del lugar, dijo que los generados han sido desmontados y hay casos de personas detenidas por distintas razones. 

«No conviene que se sepa la inversión grande que se hizo para dejarla a medias», contó.

Comunicarse con Yexi Guerra fue para Radio Fe y Alegría Noticias muy difícil. Si no era porque no había servicio eléctrico, era la falla en las comunicaciones.

La joven tuvo que caminar kilómetros hasta llegar a un pueblo donde sí había cobertura porque los datos tampoco funcionan.

«Estar allá es un desierto. Los salva tener Wi-fi, pero es el tiempo que se está más sin línea que con línea, por eso le toca caminar hasta el pueblo», indicó su tía explicando a su vez por qué vive desde hace años en Maracaibo.

En 2018 salió a la luz el desastre

Un proyecto que hace años intentaba encender cada bombillo en la Guajira a base de energías limpias producida en Venezuela, ahora solo es penumbras.

De hecho, en octubre de 2018, el exministro de energía eléctrica, Luis Motta Domínguez, inspeccionó el parque y concluyó que el 80% del material estratégico se perdió.

«El parque fue completamente desvalijado. De los 12 aerogeneradores hay la posibilidad de recuperar de forma inmediata cuatro, con los otros se debe hacer una evaluación más profunda de los daños sufridos», indicó Motta Domínguez para la fecha.

Según afirmó Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela capítulo Zulia, en 2016, las instalaciones del Parque Eólico, ya sin funcionamiento, se convirtieron en una obra abandonada.

En 2018 se empezó a observar cómo fueron desvalijadas progresivamente para comerciar sus componentes como chatarra. «Una situación inexplicable, pues en el sitio había una estación de control de Corpoelec y un puesto de vigilancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», detalló a Radio Fe y Alegría Noticias.

El Parque Eólico de la Guajira, una infraestructura para la generación de energías limpias, formó parte del Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela en 2005. El contrato de construcción de la fase 1A (con 12 turbinas) se suscribió en 2011 entre Corpoelec y la empresa argentina Impsa.

Venezuela desembolsó 220 millones de dólares para construir este Parque Eólico donde se incluía 36 unidades que aportarían 75,6MW, pero fueron instaladas 12 para la producción de 2,1MW de generación cada una, esto para atender el consumo de electricidad doméstica y pública de un municipio con aproximadamente 75 mil habitantes de las etnias wayúu y añú.

«Las siguientes dos etapas (24 aerogeneradores) jamás se construyeron», explicó Urbina.

El Parque Eólico de la Guajira funcionó parcialmente por poco más de un año, desde abril de 2013. Para 2014 sólo 8 unidades operaban durante algunas horas al día.

Aunque el presidente Nicolás Maduro visitó el parque en su primer periodo de gobierno y aprobó 178 millones de dólares para desarrollar la fase 1B, no hubo cambio alguno.

Parque Eólico de Paraguaná

La realidad del parque en la Guajira no es distinta a la de Paraguaná.

El ingeniero Kenneth Rosillón, también coordinador del Centro de Innovación y emprendimiento del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que el Parque Eólico de Paraguaná, ubicado en los Teques, estado Falcón, en la actualidad está totalmente paralizado. 

Se tenía una proyección igual al de la Guajira y aunque no está operativo, se podría recuperar más pronto y de una manera más accesible, ya que «está en mejores condiciones dado que no ha sufrido de hurtos o vandalismo».

Se necesitaría un 30% de la inversión inicial para culminar dichas etapas ya instaladas y proseguir con el restante de las mismas.

En mayo de 2019, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) afirmó que reactivaría 14 aerogeneradores del Parque Eólico de Paraguaná para suministrar energía eléctrica al Centro de Refinación Paraguaná (CRP) y a comunidades aledañas.

«El Parque Eólico de Paraguaná (PEP) inició una nueva etapa de operaciones apuntando al fortalecimiento eléctrico regional con una fuerza laboral propia que ha logrado reactivar la producción de 14 aerogeneradores, bajo la responsabilidad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Centro de Refinación Paraguaná (CRP)», apuntó PDVSA en una nota de prensa, sin embargo hasta la fecha de publicación de este trabajo periodístico aún no se ha reactivado el Parque Eólico de Paraguaná.

¿Cuánto costaría salvar los parques?

Rosillón estima que se necesitaría entre un 40 y 60% de los más de 400 millones de dólares invertidos para recuperar ambos parques eólicos.

Con un sistema eléctrico fallando por falta de inversión, sería complicado que Venezuela pueda destinar el presupuesto necesario.

Una opción que ve viable el ingeniero Luis Cabrera es la reinversión de la cooperación internacional. 

La forma de salvar los parques debe estar basada en convenios con compañías que tengan proyectos en el país y busquen soluciones.

Se vuelve una utopía

Venezuela figura casi de último en la lista mundial de los países en avances hacia las energías renovables, acotó el ingeniero Rosillón. 

Si no ocurre una inversión, si las empresas privadas con especialistas no se unen al proyecto, si a nivel internacional no hay interés, se vuelve una utopía que Venezuela pueda proveer de energías limpias al sistema eléctrico.

«Desde el Sistema Eléctrico Nacional se mueve la producción del país, la comercialización, todo el sector productor, absolutamente todo el motor. Sin electricidad no hay absolutamente nada, no hay transporte, no hay combustible, operatividad. Mientras se mantenga devastado entre averías y fluctuaciones, el sistema seguirá en decadencia, guindando de la cuerda floja», reflexionó Luis Cabrera.

Además del proyecto de la Guajira y Paraguaná, el Gobierno aseguró desarrollar otros más pequeños en Costa de Sucre, Nueva Esparta, Los Roques, La Tortuga, La Orchila, Los Monjes y La Blanquilla. En algunos ya hay generadores, pero no sirven.

Lo que en su momento pareció ser un paso importante hacia la generación de energías limpias en Venezuela se convirtió en blanco de especulaciones y señalamientos de corrupción. Todas las naciones del mundo deben hacer mucho más, y de inmediato, para prevenir un aumento catastrófico de las temperaturas en el planeta. El tiempo se agota para convertir las utopías en realidades y así salvar el futuro inmediato de la humanidad.

La entrada Energías limpias: una utopía en Venezuela se publicó primero en Radio Fe y Alegría Noticias.