Cintia Yoited González, representante de Ambiente Saludable Panamá, informó que se desplegaron en todo el país para realizar una caminata en un intento de difundir mensajes ecológicos.

El momento fue propicio para que varias organizaciones ambientales también participaran y dieran a conocer sus programas y actividades realizadas durante todo un año. Entre las actividades desarrolladas mencionaron las jornadas de sensibilización ambiental en las escuelas y comunidades, jornadas de reciclaje, cumplimientos de leyes que protegen las cuencas hidrográficas, entre otras.

Además de las charlas y foros, también realizaron el concurso de fotografía Tu Conexión con el Agua. Se trata de una propuesta que intenta incentivar el cuido del agua a través de campañas visuales y el uso de la imagen como la fotografía.

El objetivo es acelerar el cambio positivo y busca que las personas tomen medidas en sus propios entornos. Persigue una modificación positiva de la forma en que usan, consumen y gestionan el agua.

Un cambio positivo desde la sociedad podría impactar de forma notoria en distintos escenarios, incluyendo al gobierno, las organizaciones, gobiernos y la sociedad civil.

Según datos de la ONU, un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura. Esto equivale a más de 2 mil millones de personas.

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“Se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil la persona que encontraron muerta en Choix, Sinaloa, una comunidad rural. Ya se confirma por los estudios”, informó el mandatario en su rueda de prensa diaria que reseñó la agencia EFE.

Desde este miércoles 22 de marzo, el Ejecutivo federal adelantó que José Noriel Portillo, quien era buscado por el gobierno federal desde junio de 2022, habría sido ejecutado en la zona serrana de Sinaloa.

Portillo Gil era el principal sospechoso de asesinar a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma. El hecho ocurrió el 20 de junio de 2022 en el estado de Chihuahua.

Esta confirmación viene después de que la Fiscalía General de Chihuahua notificó que una hermana de José Noriel identificara el cuerpo.

Los hechos tras la muerte de los sacerdotes

El 20 de junio de 2022, los sacerdotes Campos Morales, de 79 años de edad, y Mora Salazar, de 80 años, intentaron auxiliar y brindar protección a Palma. Él entró a una iglesia en la sierra Tarahumara de Chihuahua mientras huía de personas armadas, por lo que los asesinaron a los tres.

Las muertes de los religiosos despertaron la condena de organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México. Esta última destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración del presidente López Obrador.

De acuerdo con la agencia EFE, la Compañía de Jesús en México emitió un pronunciamiento para advertir que la muerte del presunto asesino no significa justicia. Además, pidió al Gobierno acatar las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La primera es la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez; y los exministros de Interior, Willy Huerta, y el de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

De acuerdo con la agencia EFE, la acusación contra Betssy Chávez recibió el respaldo de 66, 11 en contra y 6 abstenciones. Asimismo, fue suspendida de sus funciones como congresista con 66 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.

Con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones aprobaron acusar constitucionalmente al exministro de Interior, Willy Huerta.

En el caso de Sánchez, la acusación fue aprobada con 50 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones. Sin embargo, podrá continuar en sus funciones como congresista mientras duren las investigaciones en su contra. 

Los tres exfuncionarios del expresidente Pedro Castillo son señalados por los hechos sucedidos el 7 de diciembre de 2022, cuando éste intentó disolver el Parlamento.

Tras aprobarse las acusaciones constitucionales por parte del Congreso peruano, el expediente será enviado a la Fiscalía General de Perú. Allí tendrán que formular la respectiva denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia en un plazo de cinco días.

#PlenoDelCongreso aprobó, con 66 votos a favor, el artículo 1 del Proyecto de Resolución Legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Betssy Chávez en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros.

https://t.co/gBUtwRMiDD pic.twitter.com/iG7W6il32y

— Congreso del Perú (@congresoperu) March 23, 2023

Con 57 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el Proyecto de RL que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Willy Huertas en su condición de exministro del Interior.

El expediente con la acusación constitucional será enviado al Fiscal de la Nación. pic.twitter.com/JDQDjOT3Xw

— Congreso del Perú (@congresoperu) March 23, 2023

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El Grupo encabezó el encuentro sobre «Voluntad popular y democracia, del partido militar al partido judicial, las amenazas a las democracias». En el panel estuvieron figuras reconocidas de la izquierda internacional y ex presidentes de Latinoamérica como Cristina Fernández (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Pepe Mujica (Uruguay) y Ernesto Samper (Colombia).

También asistió el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, junto el exjuez español Baltazar Garzón quienes expusieron sobre las amenazas a la democracia en Europa.

En sus respectivos discursos, Cristina Fernández y Rafael Corea coincidieron en el ataque a la prensa. A juicio de ambos, la prensa forma parte del aparato propagandístico de la «clase dominante». Los medios serían los encargados de dinamitar y sembrar el rechazo a los proyectos alternativos, según el Grupo de Puebla.

Correa aseguró que la «prensa hegemónica» instaura una «cultura permanente de instigación al odio y genera la persecución y la infamia a ciertos sectores populares».

Por su parte, Cristina Fernández también atacó a la prensa al asegurar que las sentencias las hacen primero los medios y luego los jueces: «La sentencia se escribe en los medios de comunicación y después un juez o un fiscal suscribe la acusación o una sentencia», dijo.

De acuerdo con Fernández, en América Latina hay un grupo de poderosos que los persiguen con el argumento de que son populistas. No obstante, dijo que el populismo sólo es una excusa para perseguir a ciertos líderes: «No nos persiguen porque somos populistas o de izquierda, o de derecha, o de abajo o de arriba. Nos persiguen porque igualamos a las sociedades», aseguró.

Distancia del ala militar en las democracias del siglo XXI

En su discurso, Cristina Fernández descartó el brazo militar como forma de llegar al poder en el siglo XXI. Afirmó que el «partido militar» se quedó en el siglo XX.

Por lo contrario, Fernández abrazó el concepto de «partido judicial» como plataforma de los gobierno democráticos del siglo XXI.

«El partido militar fue a las democracias del siglo XX lo que el partido judicial es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos del siglo XXI», dijo.

La actual vicepresidente de Argentina recordó que «el partido militar, cuando golpea al Gobierno peronista, usó la excusa de la guerrilla, que ya había sido derrotada militarmente en nuestras regiones para lo que vino después: la oleada neoliberal».

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Más allá de las zonas geográficas en riesgo con la masificación de la explotación minera con el auspicio del Estado, el proyecto de Ley también contemplaría considerar la actividad minera como un «trabajo de utilidad pública». Este concepto choca de frente con los principios de los pueblos indígenas Totonacas, Metzehual, y Mixteco.

A propósito de la Ley, aún en propuesta, el 19 de marzo los pueblos indígenas realizaron una asamblea en un intento de frenar el avance de este instrumento.

De acuerdo con los indígenas mexicanos, la actividad minera no es un «trabajo de utilidad pública» y tampoco es una actividad económica que desarrollan los pueblos indígenas, por tanto no es una actividad primordial.

Contrario a la que quiere imponer el gobierno a través del nuevo instrumento legal, los pueblos indígenas consideran que la explotación minera es desventajosa.

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De acuerdo con la narración de aCal Xol, de 50 años, un vehículo impactó en la parte trasera del suyo. La víctima no ofreció mayores detalles sobre este incidente.

Bernardo Caal Xol es un maestro indígena, sindicalista y defensor de los derechos del pueblo indígena maya Q’eqchi’ y del medio ambiente en Guatemala.

El Estado lo acusa de haber devengado un salario sin laborar entre 6 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2013. De acuerdo con el Ministerio de Educación, ente que denunció a Bernardo Caal Xol, el ciudadano incurrió en el delito de «retención y apropiación indebida de salario».

Por su parte, la defensa del maestro denunció que el Estado criminaliza al docente en un intento de impedir que continúe con su lucha a favor de los trabajadores, los Derechos Humanos y del territorio indígena ketchi.

De acuerdo con la defensa, el Estado está haciendo un mal uso del derecho penal al utilizar el sistema judicial para perseguir a activistas de los Derechos Humanos. Insiste en que se trató de un atentado en contra del defensor.

Bernardo Caal Xol ya ha estado cuatro años privado de libertad luego de liderar un movimiento civil contra un proyecto de construcción de una hidroéctrica en el río Cahabón en Guatemala.

La Fiscalía aseguró ante un tribunal que existen elementos suficientes para juzgar al acusado y exige cuatro años de cárcel.

El río más importante de Guatemala

El río Cahabón es uno de los principales caudales de Guatemala que atraviesa gran parte del departamento de Alta Verapaz.

Tiene una extensión de 195,95 kilómetros y recorre los municipios de Tactíc, Santa Cruz Verapaz, Cobán, San Pedro Carchá, Lanquín, y Santa María Cahabón.

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Según la Confederación, Ecuador tiene severos problemas de fondo que necesitan atención, no obstante, el presidente Lasso no los ha logrado abordar. Seguridad, empleo, salud y otros asuntos son algunos de los temas que aseguraron, están pendientes por atender.

Ante este escenario, exige a la Corte Constitucional escuchar al pueblo porque «hay elementos de convicción» que, a juicio del presidente de la Conaie, permiten tal juicio político.

Pese a las exigencia, la Confederación Indígena no tiene previsto realizar protestas en las calles, a menos que haya algún tipo de detonante que amerite una movilización nacional. Pero sí anunciaron una movilización con el objeto de entregar una propuesta de Ley sobre el agua el 28 de marzo.

Guillermo Lasso es acusado por corrupción y peculado, delitos que deben ser evaluados por la Corte Constitucional. Esta deberá decidir si continuar el proceso. A juicio de Enrique Guasca, el Jefe de Estado ecuatoriano debe dimitir.

Guasca recordó que Lasso firmó un acuerdo con 218 puntos de la mesa de diálogo con los cuales no ha cumplido, razón por la cual debe «dar un paso a un costado» para que otra persona pueda ejercer el cargo.

Consejo de Administración Legislativa ya decidió

Este lunes 20 de marzo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio el visto bueno para la moción de censura a la que sería sometido el presidente Guillermo Lasso por supuestos delitos de corrupción. Ahora está en manos de la Corte Constitucional que deberá decidir si la moción es acorde a los lineamientos de la Carta Magna.

La solicitud de juicio político contra el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que hizo la Asamblea Nacional pasó la verificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL). De allí se envió a la Corte Constitucional que evaluará su legalidad. 

Cinco legisladores del Consejo votaron a favor y dos se abstuvieron, por lo que la moción fue aceptada por mayoría. La CAL aceptó el pedido de juicio político contra Lasso, quien está acusado de concusión y malversación en un caso de supuesta corrupción de empresas públicas. 

Ahora es la Corte Constitucional la que debe decidir si la solicitud realizada por la Asamblea Nacional cumple con la legalidad y se ciñe a la Carta Magna ecuatoriana. 

La solicitud de juicio político está amparada en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, que considera censurar al presidente por delitos «contra la seguridad del Estado» o por «concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito». 

En caso de que la Corte apruebe el proceso, aún falta el filtro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para que pueda llevarse a cabo el debate en la plenaria. 

Los presuntos nexos de Lasso con el caso «Gran Padrino»

Varios grupos de la oposición, que son mayoría en la Asamblea, pidieron enviar a juicio a Lasso basándose en un informe de una comisión legislativa que investigaba el resonado caso Encuentro o Gran Padrino. 

El medio digital ‘La Posta’ sacó a la luz los polémicos audios donde aparecía el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso. En estos se podía entrever una trama de corrupción en contrataciones y nombramientos en empresas estatales. 

En los mismos audios figuraba otra persona cercana al oficialismo, el empresario Rubén Cherres, quien estuvo vinculado en 2021 a una investigación por presuntos nexos con el narcotráfico. 

La comisión investigadora recomendó al total de la Asamblea exigir explicaciones a Lasso por el supuesto entramado de corrupción. 

Viviana Veloz, la asambleísta que presentó la solicitud ante la Asamblea, afirmó: «Hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del presidente se adecúa a los delitos por concusión y peculado en las empresas públicas Petroecuador, la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco)».  

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Asimismo, el mandatario firmó decreto para Bono de Arrendamiento para afrontar los efectos del sismo de magnitud 6,5 ocurrido el sábado, con epicentro en la provincia del Guayas.

Las provincias en donde se cumplirá la medida presidencial son: El Oro, Pichincha, Loja, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsachilas, Napo y Azuay.

La medida regirá durante 60 días, a partir de la suscripción de la misma.

En estas provincias se evidenció, con mayor profundidad, las consecuencias negativas de los eventos naturales antes mencionados, por lo que se atenderá de manera inmediata a la población y sectores afectados, reseña una nota de la agencia EFE.

Construirán vivienda de interés social

A través de un comunicado la Presidencia, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proporcionará los recursos suficientes para atender el estado de excepción.

También destaca la nota de EFE, que mediante Decreto Ejecutivo, el mandatario reformó el Reglamento de Viviendas de Interés Social e Interés Público, incluyendo que el Estado podrá otorgar un incentivo por emergencia destinado a cubrir en todo o una parte al arrendamiento de vivienda para personas damnificadas por un periodo máximo de tres meses.

También suscribe que el Estado construirá vivienda de interés social, otorgará incentivos para mejoras de viviendas y barrios.

Daños del sismo

La temporada invernal ha provocado daños en infraestructuras, inundaciones y bloqueo de vías por derrumbes o daños en puentes, entre otros.

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 14 personas fallecieron como consecuencia del sismo y otras 491 resultaron heridas.

Un total de 1.189 personas resultaron afectadas, según las cifras oficiales, que anotan que 251 viviendas, 202 unidades educativas, 51 establecimientos de salud, 34 bienes públicos y 52 privados resultaron afectados.

Además, 90 viviendas, 6 bienes públicos y tres privados quedaron destruidos.

La mayor parte de los daños se reportó en las provincias de El Oro, Guayas y Azuay.

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El primero de los escenarios es la posibilidad de provocar un descenso significativo de la producción de alimentos, y su efecto colateral que se verá en el alza de precios de los productos. Este aumento de precios tendrá implicaciones en la economía nacional al afectar directamente el consumidor final.

A mediano plazo, el alza de precios ocasionará una inflación en el país caribeño. La advertencia lo han realizado legisladores de las zonas agrícolas más productivas. Los rubros de mayor vulnerabilidad son el arroz, plátano y yuca.

Además, los impactos negativos de la sequía se notarán en el sector agropecuario que ya ha reportado la muerte de varios ganados por falta de agua y alimentos.

El período de sequía estacional, en la República Dominicana, abarca los meses noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril de cada año. En condiciones normales el periodo de lluvia inicia a mediados de abril para dar lugar a la temporada convectiva.

Sequía en República Dominicana baja la cantidad de agua disponible

Según la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la drástica reducción de las lluvias ha provocado un descenso en la producción de agua, que ha pasado de más de 1.670 millones de litros a unos 1.400 millones en la actualidad.

Para mitigar la situación, esta entidad ha adoptado diferentes medidas como la reprogramación de los operativos de distribución de agua.

El período de sequía que sufre la República Dominicana se agrava por los efectos de El Niño que hace disminuir las lluvias en América Latina y el Caribe.

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En entrevista radial, el canciller chileno aseguró que “ha habido esfuerzos de acercamiento hacia Venezuela en torno a la cuestión migratoria”.

“El tema migratorio es de enorme complejidad. Se requiere de cooperación a nivel regional y en eso hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo. Estamos haciendo gestiones tanto con Bolivia como con Venezuela”, sostuvo.

Crisis migratoria en Chile

El Gobierno de Chile reforzó en febrero su frontera con Perú y Bolivia con un importante contingente militar.

El canciller dijo en el caso de Bolivia, que no está obligado a recibir personas.

“No podemos obligarlo a abrir sus fronteras para recibir a migrantes que no tienen documentos”, sostuvo van Klaveren.

Bolivia, con quien Chile no tiene relaciones diplomáticas desde 1978, solo recibe a los expulsados bolivianos y no admite a ciudadanos de otras nacionalidades que usaron su territorio para llegar a suelo chileno.

Los migrantes han usado en los últimos tiempos los pasos de los altiplánicos bolivianos para ingresar de manera irregular a Chile, que sigue siendo uno de los países más atractivos dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.

Finalmente, el funcionario chileno expresó que el tráfico de migrantes “afecta no sólo a Chile, afecta a Bolivia, a Perú, a Ecuador y a Colombia”, por lo que es necesario “buscar acuerdos de carácter bilateral que permitan mitigar este problema”.

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