Diversas organizaciones de Derechos Humanos de El Salvador se reunieron con diputados de la Asamblea Legislativa para exponer su rechazo a la nueva ley de Reconciliación Nacional.Los críticos consideran que la nueva ley, denominada Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, es una “nueva ley de amnistía que de aprobarse dejaría impunes varios crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la pasada guerra civil”.
La polémica se desató tras dar a conocer el artículo 12 de la debatida ley, que establece en resumen, que “no hay penas de cárcel para ningún condenado por crímenes cometidos durante la guerra y, si las hubiere, pueden ser sustituidas con trabajos de utilidad pública”.
Los activistas denunciaron que en la reunión les dieron solamente 20 minutos para exponer sus argumentos ante los parlamentarios. Siendo ésta la única programada para escuchar a los sectores sociales, las organizaciones aseguran que no es tiempo suficiente “para profundizar en un tema tan trascendental”.
El abogado David Morales, director de Derechos Humanos de la organización Cristosal, pidió “la aplicación del artículo 135 de la Constitución y los artículos 37, 49 y 50 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, se proceda a la realización de una amplia consulta nacional con víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.
Así se expresó el abogado ante la Asamblea, agregando a las peticiones de sus representados que “se abstenga esta comisión política de dar iniciativa a borradores o documentos de trabajo que en este momento no tienen la calidad de un proyecto de ley, por no haber sido objeto de una consulta amplia con las víctimas”, declaró.
Mientras tanto, Sofía Hernández, familiar de desaparecidos durante el conflicto armado, se sumó a las manifestaciones de rechazo, considerando que el proyecto de ley es una amenaza de impunidad. “Este país no va a tener paz mientras no haya justicia, reparación y verdad”, dijo.
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