Boada aseguró durante el programa En Este País, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, que se trata de la primera actualización de la misión en 2023 lo que “quiere decir que los nuevos hallazgos vienen sustentados de los informes anteriores”.

La periodista puntualizó que en el último informe se detalló dos líneas de acción: una relacionada con la violación de derechos humanos y la otra con todo lo referente al Arco Minero del Orinoco.

“La actualización incluyó en primer lugar, las constantes amenazas que han sufrido periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes comunitarios y políticos quienes han alzado su voz en contra de las violaciones de derechos humanos”, dijo.

También esta actualización no dejó pasar lo que ha ocurrido en el país en relación a las constantes protestas y con ellas, las amenazas por parte el Gobierno nacional, destacó la defensora de derechos humanos.

En junio sería la próxima actualización

La directora de la ONG Caleidoscopio Humano, Gabriela Boada, señaló que para el mes de junio de 2023, se estima se realice una nueva actualización del informe sobre el caso Venezuela.

“Mientras tanto, la sociedad venezolana sigue apoyando la actuación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. La mayoría de países que forman parte de este proceso también apoyan las actuaciones de la misión, también se espera que el Ejecutivo también coopere”, dijo.          

Venezuela enfrenta una crisis de derechos humanos

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, advirtió sobre los proyectos de Ley de la Asamblea Nacional que limitarían y controlarían la capacidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para realizar su trabajo, reseña Provea en su página web.

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Uno de ellos, ocurrió el pasado 20 de marzo, y se trata del programa Arbenis con el pueblo, que conducía el dirigente social Arbenis Santeliz a través de la 96.5 FM del estado Lara. La salida del aire fue presuntamente por órdenes del alcalde de la ciudad.

La ONG explicó que el alcalde de Urdaneta, Hamad Al Chaer, alegó que en ese espacio solo se criticaba su gestión. Además, se acusó a Santeliz de representar una supuesta “amenaza para la revolución bolivariana”.

La coordinadora de Transparencia Ciudadana, Marisol Bustamante, dijo que el propietario de la emisora, Juan Carlos Hernández, habría recibido amenazas de cierre si continuaba la transmisión del programa Arbenis con el pueblo.

Espacio Público también comunicó la salida del aire del programa Buenos días con Lira, a través de la emisora sucrense Única 101.1 FM.

El periodista Raúl Lira, conductor del espacio, recibió una notificación de suspensión por parte de Cipriano Rodríguez, gerente de Programación del medio de comunicación.  

Al parecer el dueño de la emisora dijo que teme que funcionarios hagan un allanamiento en sus instalaciones, le confisquen los equipos y la cierren.

“Los cierres de programas y medios, así como los ataques y amenazas a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, buscan silenciar la crítica y la denuncia pública y terminan vulnerando el derecho de la ciudadanía a expresarse libremente e informarse”, alertó Espacio Público.

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La solicitud fue presentada por el Ministerio Público, en la que se evidencian elementos de convicción que comprometen la responsabilidad del exfuncionario.

Roa fue despojado de su inmunidad parlamentaria el pasado martes 21 de marzo por estar involucrado en hechos de corrupción en la industria petrolera venezolana.

En una nota publicada por el TSJ se explicó que debido a que se trata de una “comisión flagrante de delitos comunes” no procederá el antejuicio de mérito contra Roa, por lo que su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes.

“Se ordena remitir las presentes actuaciones al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que se continúe con la investigación y enjuiciamiento correspondiente, conforme al debido proceso y a las demás garantías constitucionales correspondientes”, señaló la institución judicial.

Trayectoria del ahora exfuncionario

Hugbel Roa se desempeñó en el Gobierno venezolano como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, además de que fue primer vicepresidente de la comisión para investigar los supuestos delitos cometidos por la Asamblea Nacional electa en 2015.

En lo político, fue vicepresidente sectorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Nueva Esparta.

Por ahora, el exministro se encuentra bajo custodia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

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La organización no gubernamental destacó en su informe que en promedio cada 46 horas fue asesinada una mujer a manos de hombres que pertenecían a los entornos de las víctimas.

Utopix detalló que en el estado Bolívar se registraron tres homicidios, seguido por los estados Miranda, Trujillo, Zulia y Barinas, con dos casos cada uno.

Además, tienen el registro de una muerte por violencia obstétrica, una causada con fuego y otra en la que la víctima fue atropellada.

Seis de los asesinatos se realizaron con armas de fuego, en tres casos se usaron armas blancas, en dos ocasiones la causa de la muerte fueron golpes y en otros tres las mujeres perecieron por asfixia mecánica.

El informe de Utopix se resaltó que nueve de las víctimas eran madres, lo que deja un saldo de 13 menores de edad huérfanos, mientras que otras dos estaban embarazadas.

Asimismo, existe registro de 15 femicidios en grado de frustración y un total de 10 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú.

Sobre los agresores

La ONG Utopix en su balance bimensual señala que de los 30 casos reportados entre enero y febrero, apenas 11 hombres están detenidos, cinco se dieron a la fuga, tres se suicidaron y del resto no hay información.

Asimismo, reportó en su informe anual el asesinato de 236 mujeres en Venezuela durante el año 2022.

La organización no gubernamental informó que solo en diciembre se registraron 25 casos, además de 15 hechos en grado de frustración y cuatro asesinatos de venezolanas en el exterior: uno en Colombia y otro en Perú.

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“Se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil la persona que encontraron muerta en Choix, Sinaloa, una comunidad rural. Ya se confirma por los estudios”, informó el mandatario en su rueda de prensa diaria que reseñó la agencia EFE.

Desde este miércoles 22 de marzo, el Ejecutivo federal adelantó que José Noriel Portillo, quien era buscado por el gobierno federal desde junio de 2022, habría sido ejecutado en la zona serrana de Sinaloa.

Portillo Gil era el principal sospechoso de asesinar a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma. El hecho ocurrió el 20 de junio de 2022 en el estado de Chihuahua.

Esta confirmación viene después de que la Fiscalía General de Chihuahua notificó que una hermana de José Noriel identificara el cuerpo.

Los hechos tras la muerte de los sacerdotes

El 20 de junio de 2022, los sacerdotes Campos Morales, de 79 años de edad, y Mora Salazar, de 80 años, intentaron auxiliar y brindar protección a Palma. Él entró a una iglesia en la sierra Tarahumara de Chihuahua mientras huía de personas armadas, por lo que los asesinaron a los tres.

Las muertes de los religiosos despertaron la condena de organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México. Esta última destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración del presidente López Obrador.

De acuerdo con la agencia EFE, la Compañía de Jesús en México emitió un pronunciamiento para advertir que la muerte del presunto asesino no significa justicia. Además, pidió al Gobierno acatar las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El informe publicado, correspondiente al mes de enero de 2023, arrojó que las fallas en áreas críticas de los hospitales venezolanos sigue siendo una constante.

“La escasez de insumos es de 72 % para los quirófanos y un 46 % para las emergencias”, se lee en la publicación de la ENH.  

Los datos históricos de ENH han mostrado que en el área de pabellón las fallas son mucho mayores históricamente. En promedio, va entre 65 y 80 %, mientras que en emergencia el promedio del año 2022 estuvo cercano al 50 %.

En el caso de los pabellones, la lencería, el material descartable para el personal médico y los analgésicos son los insumos que con mayor frecuencia faltan en los hospitales.

Estas fallas hacen casi imposible realizar una cirugía, en particular las electivas.

Cuando se trata de las cirugías que deben realizarse de emergencia, el boletín señala que la única manera que un paciente entre a pabellón es que sus familiares compren de su propio bolsillo estos insumos.

“Estos insumos no son fáciles de conseguir por su propia naturaleza. No se trata de una pastilla que fácilmente se consigue en una farmacia, sino de insumos médico quirúrgicos que en teoría solo están disponibles para la compra institucional por parte de los hospitales”, se reseña en el boletín.

Los resultados de la encuesta señalan que esta situación resulta realmente angustiante para los familiares.

Dos de cada tres hospitales no tienen insumos en las emergencias

En el caso de los insumos de emergencia, los resultados de la investigación señalan que dos de cada tres hospitales en el país no tienen o tienen de forma intermitente insumos para tratar el asma o dolencias respiratorias, antihipertensivos o esteroides.

Dichos insumos son de uso recurrente y habitual en las salas de emergencias, porque son para tratar las causas más frecuentes de consultas por esta unidad.

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En ese sentido, resaltó que en Caracas, la capital del país, el problema de la escasez es por la distribución y no por las fuentes.

Esto último es “producto de la obsolescencia y falta de mantenimiento en las plantas de potabilización”, según explicó en el programa En Este País, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

Agregó que en el caso de la cuenca de Valencia es “mucho más grave”, porque la fuente (embalse Pao Cachinche) recibe mucha contaminación.

En términos técnicos, dijo que el recurso (bolsas de agua) no está donde se concentra la mayor parte de la población (centro norte costero), sino hacia el sur del país, donde hay menor cantidad de habitantes.

Morales lamentó que los venezolanos han ido poco a poco contaminando las fuentes donde se concentra la mayor cantidad de población.

La minería provoca daños el agua

En relación a la minería y de cómo afecta el recurso hídrico, el profesor dijo que existe un silencio absoluto por parte de las autoridades con la explotación del arco minero.

Sin embargo, a través de estudios satelitales se ha conocido de grandes extensiones de terreno que han sido devastados como consecuencia del trabajo minero, generando un impacto grave en el suelo.  

“El uso de mercurio en la pequeña minería ‘ilegal’ provoca grandes daños en la calidad del agua en el sur del país”, dijo.

Caracas recibe 20 mil litros de agua por segundo

En cuanto a planes para mejorar la calidad de vida de los habitantes en zonas donde falla el suministro de agua, el profesor especialista en agua, precisó que por ejemplo en Caracas, el suministro es 20 mil litros por segundo.

Asimismo, indicó que Caracas cuenta con tres sistemas de agua: el Tuy 1, 2 y 3; ahora se habla del Tuy 4.

El Tuy 1 (Embalse la Mariposa), el Tuy 2 (Agua que viene de embalses de Barlovento y se procesa en Macaracuay, mientras que el Tuy 3, que abastece cerca del 70 % de la capital, viene de Camatagua (asl sur de Aragua) y se trata en la planta de Caujarito, en los Valles del Tuy.

Mientras que el cuarto sistema (Tuy 4) está planificado desde hace mucho tiempo, aún no ejecutado y vendrá del río Cuira, un afluente del río Tuy en el Parque Nacional Guatopo.

“Este proyecto aumentaría la capacidad de aprovisionamiento de Caracas, pero está paralizado”, apuntó.

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Machado dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la ministra Santaella entiende la situación de los educadores, pero por otro lado arremete contra ellos en un “constante acoso laboral por parte de supervisores y directores”.

“En la actualidad, el salario de nosotros los docentes nos alcanza para cubrir las necesidades de una semana (…) los docentes venezolanos estamos subsidiando el sistema educativo”, apuntó.

El dirigente sindical agregó que ahora se les suma otro problema más y es que el Estado aprobó en Gaceta el aumento del pasaje urbano lo que multiplica las calamidades al educador.

“El conflicto no es político, sino gremial”  

El presidente del sindicato de maestros rechazó las declaraciones de la ministra de Educación quien señaló que la protesta de los docentes tienen un “tinte político”.

“En ninguna de las protestas que se han realizado a escala nacional se ha visto una bandera política. Nosotros estamos reclamando nuestros derechos gremiales y sindicales”, dijo.

Asimismo le dijo a la ministra que “el mejor contrato no es el que se firma, sino el que se cumple”.

Édgar Machado le recordó a la ministra Santaella que del contrato firmado en 2018, el Ejecutivo les adeuda el 280 % de incremento salarial. “Se venció ese documento y se introdujo un anteproyecto a lo que la jefa de la cartera de Educación ofertó un bono de 800 bolívares que no aceptamos”, dijo.

El dirigente insistió en que no existe voluntad política para resolver el problema en materia de educación.

“Los educadores a escala nacional no queremos bonos. Nosotros queremos un ajuste del salario. Seguimos esperando se reanude la discusión en la mesa”, señaló.

El gremialista insistió en que el nuevo salario debe ser suficiente para cubrir la canasta básica.

Con información de José Blanco | Radio Fe y Alegría Noticias  

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La opinión del también economista surge luego que se descubriera el entramado de corrupción en la principal empresa del país, en donde presuntamente hay “extravío” de 3.000 millones de dólares de la renta petrolera que nunca ingresaron a las arcas del Estado, aunque podría ser mucho más.

En una entrevista con Vladimir Villegas TV, Boza señaló que todos los venezolanos tienen derecho a saber en detalle qué pasó con cada una de las personas que han sido detenidas en los últimos días por corrupción, reseñó el diario El Nacional.

El diputado en ese sentido dijo que esta situación demuestra que los problemas económicos del país, no son culpa de las sanciones, como afirma el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Que se hayan visto estos casos de corrupción es positivo, lo negativo es que ocurra esto y más viendo cómo están los venezolanos en sueldos, medicina y educación”, destacó Boza.

Asimismo, aseguró que tienen documentos en su poder que demuestran que el Estado tiene recursos para pagar mejores salarios, la principal exigencia de los trabajadores públicos.

Insistió en que el tema del salario no es un tema de dinero, sino de aplicar políticas económicas.

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La entrada Tony Boza: no todo es culpa de las sanciones se publicó primero en Radio Fe y Alegría Noticias.

Los moradores de Tucupita consideran necesario diseñar y construir en cada orilla de cada comunidad una laguna de oxidación para evitar que los desechos terminen en el agua y ésta se contamine.

“Es muy fácil. Sólo hace falta cal, cloro y otros químicos”, dijo uno de los habitantes de la región a Radio Fe y Alegría Noticias.   

“El agua es necesaria, no sólo para el consumo humano, sino también permite el aseo en las personas y los hogares”, apuntó el hombre.

Otro de los residentes de las comunidades de Tucupita dijo que el agua del rio no es potable. “Para el consumo humano la sacamos de los pozos profundos y luego la potabilizamos. Cada botellón tiene un costo de 10 bolívares”, dijo.

Otra de las recomendaciones dadas por los habitantes de Tucupita para preservar el agua y darle buen uso, es curar las filtraciones. “Quizás en mi casa tengo agua, pero mi vecino no”, apuntó un residente de la comunidad El Jobo.

“El agua que cae en mi tanque a veces no está clara, pero con un químico aclarante podemos darle uso doméstico”, dijo.

El habitante denunció los continuos botes de agua potable en las calles de la localidad, por lo que exhorta al resto de la comunidad a ser conscientes de la necesidad de preservarla.

“Cuando falla el agua por las tuberías, los vecinos de la comunidad de El Jobo nos surtimos de un pozo perforado por uno de los habitantes de la comunidad”, dijo.

Recientemente, el 65 % de la población de Tucupita se vio afectada por un periodo de 10 días tras registrarse una avería en el motor de la Planta II de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). La información fue confirmada por la gobernadora de la entidad, Lizeta Hernández, y el presidente de Hidrodelta, Rafael Pacheco.

Con información de Exiober Medina | Radio Fe y Alegría Noticias  

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